El primer ministro de Polonia,Donald Tusk, reclamó este lunes al presidente Karol Nawrocki que reconozca a los jueces designados por el Parlamento para integrar el Tribunal Constitucional, en medio de la crisis institucional que la semana pasada derivó en un operativo policial en la sede del máximo tribunal del país.
El pedido quedó formulado en un mensaje publicado en la red social X, en el que sostuvo que “es necesario que el presidente reconozca a los jueces elegidos legalmente por el Sejm”, la cámara baja del Parlamento, “porque así lo estipula la Constitución”. Añadió que Nawrocki debería permitirles asumir sus funciones en el tribunal y sostuvo que la salida a la disputa no exige una reforma constitucional.
Al negarse a avalar esos nombramientos, el presidente eligió una “confrontación contundente” que “podría costarle muy caro a Polonia”, afirmó. Tusk, expresidente del Consejo Europeo, prometió resolver este conflicto desde su regreso al poder en 2023 y remarcó que el Estado de derecho no cederá ante las presiones políticas.
El foco de la crisis se trasladó a la sede judicial el viernes, cuando un cordón de seguridad rodeó el edificio y se concretaron cambios que alteraron su conducción. La magistrada Anna Korwin-Piotrowska, designada por la mayoría oficialista, anunció que asumiría la presidencia con carácter interino y dispuso apartar de sus cargos al titular del tribunal, Bogdan Święczkowski, vinculado al partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), y al vicepresidente, Bartłomiej Sochański. En paralelo, el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Żurek, pidió que se les retire la inmunidad a ambos.
El despliegue coincidió con un viaje oficial de Nawrocki a Senegal. Al tomar conocimiento de lo ocurrido, el mandatario canceló el itinerario y emprendió el regreso de inmediato; horas más tarde, ya en Varsovia, forzó su ingreso al edificio pese a la resistencia de varios jueces. Esa noche, en la entrada se registraron discusiones y empujones entre el presidente y un grupo de magistrados, mientras simpatizantes nacionalistas que acampaban en el lugar desde semanas atrás lo recibieron con aplausos.
Sectores de derecha y extrema derecha calificaron lo sucedido como un “golpe de Estado”, mientras la coalición gobernante lo presentó como una medida necesaria para preservar el Estado de derecho.
Al día siguiente, Nawrocki convocó un diálogo con bancadas parlamentarias, encuentro al que no asistieron representantes de Coalición Cívica ni de La Izquierda y que concluyó sin acuerdos concretos. Ese mismo sábado, la Comisión Europea se pronunció a favor de la postura de Tusk y pidió al mandatario que valide la designación de los jueces para destrabar el conflicto.
El presidente sostiene que las actuaciones dentro del tribunal vulneraron el orden constitucional y constituyeron un intento de tomar la institución por la fuerza. El Ejecutivo, en cambio, argumenta que esas medidas buscan restablecer su funcionamiento y respetar los nombramientos del Parlamento. Żurek expresó su intención de que el organismo vuelva a examinar expedientes en las próximas semanas y señaló la acumulación de retrasos en los pedidos presentados por ciudadanos.
El litigio por el máximo tribunal del país comenzó en 2015, cuando la gestión del PiS incorporó magistrados con afinidad partidaria para cubrir vacantes ya ocupadas. Esos nombramientos nunca fueron avalados por la Unión Europea ni por Tusk, y el organismo quedó en el centro de un enfrentamiento con Bruselas durante los ocho años en que la fuerza gobernó el país, lo que llevó a instituciones nacionales e internacionales a cuestionar su independencia.
El conflicto se reactivó en marzo de 2026, cuando el Sejm eligió a nuevos jueces, pero Nawrocki se negó a tomar juramento a varios de ellos, lo que agudizó el choque entre el Parlamento, el Gobierno y la Presidencia.
La disputa se definirá en parte este martes, con la Asamblea General prevista a las 15.30 horas en Varsovia, convocada por Korwin-Piotrowska. Un punto central será el quórum, para el cual se requieren dos tercios de los magistrados, es decir, 10 de los 15 integrantes del organismo. Su cómputo genera dudas por la suspensión de Święczkowski y Sochański, cuestión que, según la jueza, deberá resolver la propia asamblea. También se prevé sortear allí a los miembros de los tribunales disciplinarios que evaluarán a los dos suspendidos, en una sesión cuya validez aún no está garantizada.
(Con información de AFP y EuroNews)
Fuente: infobae.com
