Australia Occidental escaneó más de 1,3 millones de rostros en cinco meses y arrestó a 122 personas gracias a su prueba piloto de identificación facial en tiempo real, el primer ensayo de esta tecnología a esa escala en el país. Al concluir, el 31 de octubre de 2026, dejó abierto un debate sobre los límites entre la seguridad pública y los derechos civiles.
La Policía de Australia Occidental salió a la calle con sus furgonetas de vigilancia en 100 ocasiones desde el 22 de junio, en 43 ubicaciones regionales y metropolitanas. Las cámaras, montadas sobre o junto a vehículos señalizados, capturaban imágenes de los transeúntes y las comparaban con una lista de alerta construida exclusivamente a partir de bases de datos policiales. El sistema procesó en total 1.380.882 rostros y generó 292 alertas.
Las alertas llevaron a detener delincuentes sexuales y a localizar personas en riesgo
Además de las 122 detenciones, los resultados incluyeron la identificación de 146 agresores sexuales registrados y la localización de 10 personas para verificar su bienestar. Tres de esas operaciones tuvieron lugar en la Feria Real de Perth, donde el sistema analizó 223.749 rostros, generó 15 alertas, derivó en 3 arrestos y permitió abordar a 7 agresores sexuales registrados.
En todos los casos, las imágenes de quienes no figuraban en la lista eran borradas de forma automática e inmediata, sin que quedara ningún registro.
De las 292 alertas generadas, 9 resultaron falsas, lo que la fuerza policial tradujo en una tasa de error del 0,00065%. El comisionado Col Blanch aclaró en conferencia de prensa que ninguno de esos nueve casos terminó en un arresto. “Quiero ser muy claro sobre esas alertas incorrectas. Nadie fue arrestado. Nadie presentó una denuncia. Cada una resultó en una conversación con esa persona y en hacerle preguntas pertinentes”, afirmó, según recogió The Guardian.
Blanch reconoció que la tecnología “no es perfecta” y que las autoridades “lo sabían antes de iniciar la prueba”, aunque equiparó el procedimiento ante cada alerta al que seguiría un oficial si un ciudadano señalara a un sospechoso.
Los organismos de derechos civiles cuestionan cómo se mide el error
La metodología para calcular esa tasa fue rechazada por organizaciones de derechos civiles. Bill Rowlings, director ejecutivo de Civil Liberties Australia (CLA), argumentó que la cifra del 0,00065% distorsiona la realidad al comparar los fallos con el total de rostros procesados, en lugar de hacerlo con el número de arrestos que terminaran en condena.
“Solo sabremos cuál es la tasa incorrecta cuando las 122 personas arrestadas tengan su día en la justicia”, sostuvo Rowlings en un comunicado citado por The Guardian, y advirtió que si la mitad de los detenidos no fuera condenada, ese porcentaje ascendería al 50%.
Por su parte, Sarah Schwartz, directora legal del Human Rights Law Centre (HRLC), fue más allá y cuestionó la proporcionalidad de la medida. “Cada coincidencia errónea es una persona real que puede ser detenida, interrogada o investigada porque un algoritmo se equivocó. Las consecuencias para la población de Australia Occidental son reales”, declaró al mismo medio.
Schwartz también planteó dudas sobre si resulta “proporcional en una sociedad democrática” someter a más de un millón de personas a vigilancia masiva de sus rasgos físicos, y señaló con especial preocupación los despliegues en manifestaciones públicas.
La policía no explicó con claridad qué reglas rigen el uso de la tecnología
La directora legal del HRLC cuestionó además la falta de transparencia en torno al sistema. “La Policía de Australia Occidental ha dado muy pocos detalles sobre las salvaguardas que rigen esta tecnología. Sus políticas públicas parecen tomadas en gran parte de modelos extranjeros y dejan sin respuesta preguntas clave sobre el uso indebido, el sesgo y la responsabilidad”, sostuvo Schwartz, según The Guardian.
Con el fin del período operativo, las furgonetas fueron retiradas del espacio público mientras la fuerza realiza una evaluación interna sobre el desempeño del sistema, su eficacia, el impacto en la comunidad y el cumplimiento de las normas vigentes.
La Oficina del Comisionado de Información de Australia Occidental (OIC WA), organismo independiente de privacidad del estado, ya había advertido antes del inicio del ensayo sobre “daños colectivos a la privacidad” y aclarado que no participó en su implementación. Al cierre de esta nota, el organismo no había respondido las consultas realizadas.
Fuente: infobae.com
