El caso ocurrido en Catamarca, donde una estudiante denunció agresiones reiteradas y la difusión de material privado entre compañeros, volvió a poner en discusión qué deben hacer los colegios cuando aparecen señales de bullying o ciberbullying.
La situación tuvo fuerte repercusión después de la circulación de un video en redes sociales y derivó en investigaciones administrativas y judiciales. A partir de ese episodio surge una pregunta que también alcanza directamente a las familias salteñas: ¿qué obligaciones tienen las escuelas de Salta frente a un caso de acoso entre alumnos?
En la provincia existe un Régimen Provincial de Intervención Obligatoria ante Situaciones de Acoso Escolar, Ciberacoso y Violencia entre Pares, creado por el Ministerio de Educación y Cultura de Salta mediante la Resolución N° 115/26, publicada en mayo de 2026. La normativa se aplica a establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privados, en los niveles y modalidades de educación obligatoria.
Qué tiene que hacer una escuela de Salta
De acuerdo con la información oficial publicada por el Ministerio de Educación y Cultura de Salta, las autoridades escolares deben actuar de manera inmediata cuando detectan, conocen o incluso presumen que existe una situación de acoso.
Esto significa que no hace falta esperar a que exista una denuncia formal o a que el hecho esté completamente comprobado para intervenir.
El régimen establece además que la prioridad debe ser proteger a los estudiantes involucrados, garantizar su integridad, mantener la confidencialidad y evitar nuevas situaciones de exposición o estigmatización.
Las familias también deben participar
Otro de los puntos expresamente incluidos en la Resolución 115/26 es la corresponsabilidad familiar.
Según explicó oficialmente Educación, los padres o tutores deben concurrir a la institución cuando sean convocados y participar de las medidas definidas para abordar el problema.
Si los adultos responsables se niegan a colaborar, la escuela puede solicitar la intervención de los organismos judiciales competentes.
Qué pasa cuando el caso es más grave
Para situaciones de mayor complejidad, el régimen establece que las escuelas deben convocar a equipos especializados.
El Ministerio de Educación señala específicamente a la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa (UPACE) y al Programa de Orientación Escolar (POE) como organismos que pueden reforzar la intervención institucional.
Además, desde agosto de 2026 está vigente la Resolución Ministerial N° 252/26, que aprobó el «Protocolo de Resguardo del Entorno Pedagógico y de Reconducción de Trayectorias Educativas».
Según el texto oficial de Educación, ese mecanismo puede aplicarse de manera excepcional, temporal y revisable ante situaciones graves de violencia, siempre respetando el principio de proporcionalidad. También alcanza a establecimientos estatales y privados.
Cómo se hace el seguimiento de cada caso
La Resolución 115/26 también creó un Registro Provincial Digital de Intervenciones.
Según informó el Ministerio de Educación, ese sistema tiene como objetivo centralizar, monitorear y analizar los casos reportados, además de generar información que permita mejorar las políticas de prevención.
De esta manera, la intervención no debería terminar solamente en una charla con los alumnos o en una reunión con las familias. El esquema provincial contempla un seguimiento posterior de las situaciones informadas.
Los padres pueden recibir sanciones
Salta también incorporó sanciones específicas para aquellos adultos responsables que no intervengan frente a hechos reiterados protagonizados por menores a su cargo.
La Ley Provincial N° 8530, publicada en el Boletín Oficial de Salta el 4 de mayo de 2026, incorporó el artículo 88 bis al Código Contravencional.
La norma establece que puede ser sancionado el padre, madre, tutor o representante legal que, después de haber sido debidamente notificado por hechos reiterados de acoso escolar, omita adoptar las medidas de supervisión, contención, acompañamiento o corrección requeridas.
La sanción prevista es de hasta 30 días de arresto o multa de hasta 30 días, según establece el texto publicado oficialmente.
Qué deben hacer las familias si la escuela no responde
Ante una situación de violencia reiterada, las familias pueden pedir formalmente que la institución active el régimen previsto por la Resolución 115/26.
Es recomendable dejar constancia del planteo realizado ante la escuela y conservar mensajes, capturas o cualquier otro elemento que permita documentar lo ocurrido, especialmente cuando las agresiones también se producen a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
En Salta, el marco actualmente vigente establece que las instituciones educativas deben intervenir, proteger a los estudiantes, involucrar a las familias y realizar seguimiento. No se trata solamente de una recomendación: forma parte del régimen obligatorio dispuesto por el Ministerio de Educación provincial.
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Fuente: quepasasalta.com.ar
