Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentaron este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa ANDIS. Ambos están acusados de integrar una asociación ilícita que funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei. Según pudo reconstruir El Destape, se negaron a declarar, presentaron un escrito con un descargo y no aceptaron preguntas.
La declaración de los Kovalivker es relevante porque en esta nueva etapa de la pesquisa la Justicia puso el foco en el rol que cumplió la firma Suizo Argentina en la enorme trama de corrupción que se descubrió en ANDIS. Según el fiscal Franco Picardi, esa droguería cooptó la agencia que comandaba Diego Spagnuolo –íntimo amigo de Milei-. A través de esa cooptación, Suizo Argentina “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas identificadas hasta el momento”. La fiscalía la acusa de “vender medicamentos más caros y con sobreprecios”, que llegaron a un 4.000 %. En apenas 15 meses, Suizo Argentina “fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia”: casi $140.000 millones, lo que implicó alrededor del 30% de las erogaciones de la ANDIS, de acuerdo a los investigadores.
Este miércoles, los dueños de Suizo Argentina rechazaron las acusaciones en su contra. Negaron integrar una asociación ilícita y sostuvieron que no hay elementos probatorios en el expediente que los inculpen. También pidieron la nulidad de todo lo actuado “por haberse originado a partir de audios de origen ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición”. La referencia es a los audios filtrados de Spagnuolo –difundidos por Carnaval Stream-, en los que al íntimo amigo de Milei se le escucha describir un sistema de corrupción que funcionaba en ANDIS y del que un 3% terminaba en manos de Karina Milei, hermana del Presidente. El fiscal Picardi nunca tomó esos audios como prueba en la causa. Solo fueron un disparador mediático del caso. El caudal probatorio que nutre el expediente surgió del secuestro de celulares y documentos que se produjo en diversos allanamientos. No obstante, los audios están siendo peritados por la Gendarmería Nacional por decisión de Lijo.
¿Qué les achaca a los Kovalivker el fiscal Picardi –que realizó la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción comandada por Sergio Rodríguez-?
A Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, ser uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS, al menos entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Le adjudica “haber ejecutado como presidente de la Suizo Argentina S.A., de manera organizada con funcionarios de ANDIS y con directivos de las firmas cartelizadas, maniobras defraudatorias contra el erario público nacional y negociaciones incompatibles”. A Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de Suizo Argentina hasta finales de 2025, ser miembro de la asociación ilícita –no jefe-.
En su descargo por escrito los hermanos rechazaron las acusaciones.
Jonathan Kovalivker negó “de manera categórica” haber integrado o dirigido una asociación ilícita así como haber intervenido en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública o en negociaciones incompatibles con la función pública en relación con la ANDIS.
En esa línea, sostuvo que “Suizo Argentina S.A. es una compañía centenaria del sector de la salud con más de 100 años de trayectoria, cerca de 2.000 empleados y múltiples centros de distribución federales” y que “la facturación con la ANDIS representó un porcentaje marginal de sus ventas totales”. De acuerdo a los datos que brindó a la Justicia, representó: un 2,14% en 2023; 4,22% en 2024 y 3,14% entre enero y octubre de 2025. Esto no quita lo resaltado por Picardi: que se llevó en solo 15 meses el 30% de las erogaciones de la ANDIS.
El presidente de Suizo también dijo que se vulneró su derecho a la defensa. Aseguró que “la imputación fiscal se limita a atribuirle responsabilidad penal meramente por ‘ser’ presidente de la empresa, vulnerando el principio de culpabilidad y de derecho penal de acto, ya que el dictamen no describe ningún acto personal, orden, firma, comunicación o reunión suya vinculada con los hechos”. A su vez, sostuvo que no hay elementos probatorios en su contra en el expediente. “La fiscalía no encontró ninguna comunicación, mención o instrucción de Kovalivker. Las visitas registradas en su domicilio corresponden a empresarios del mismo rubro o vínculos sociales, sin que ello implique delito alguno”, afirmaron desde su entorno.
Respecto al hallazgo de información relevante en el celular de Jonathan Kovalivker no debe olvidarse que apenas comenzó la causa, la Justicia allanó su vivienda y el dueño de Suizo Argentina evadió a los uniformados. Pudo irse del barrio cerrado en el que vive antes de que los agentes de la policía de la Ciudad llegaran a su domicilio. Por este hecho, el juez Sebastián Casanello –el primer magistrado que tuvo el caso- dictó a mediados de 2025 el procesamiento del jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, por obstruir el accionar de la Justicia el 22 de agosto del año pasado cuando se realizó el procedimiento en el barrio privado “La Isla”. La situación de De Vincentis hoy está a manos de los tribunales orales de San Martín, ya que la última jueza que tuvo el caso, la magistrada federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se declaró incompetente. El tribunal deberá resolver si envía a juicio al jefe de Seguridad de Nordelta, si hay juicio abreviado o si puede haber probation. Todo por haber encubierto a Jonathan, que se recién tres días después del operativo se presentó en tribunales para acercar su celular, que tenía pedido de secuestro.
En este contexto, Jonathan Kovalivker pidió la nulidad del dictamen fiscal y de la resolución del 21 de agosto de 2025 que dio origen a la causa “por haberse originado a partir de audios de origen ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición”. También cuestionaron el mentado operativo en el barrio privado “La Isla” atento a “las múltiples irregularidades del procedimiento”.
Por otro lado, reclamó se deje sin efecto la inhibición general de bienes que se decretó en su contra.
Por su parte, Emmanuel Kovalivker se preocupó por aclarar su trayectoria en Suizo Argentina, de la que es dueño: dijo que cumplió funciones por 20 años –era el vicepresidente de la droguería- y que se desvinculó el 30 de noviembre de 2025 de la firma, es decir, post escándalo.
En su defensa, esgrimió argumentos similares a los de su hermano. Sostuvo que se vulneró su derecho a defensa y que se lo imputó “por ser vicepresidente” de la droguería, sin que se le achacase un hecho delictivo concreto; que lo facturado a ANDIS representó una cifra intrascendente para la empresa lo que descartaría, según su planteo, “la lógica de una ‘cooptación’ del organismo para un cliente marginal”; y que “jamás intervino en la fijación de precios, cotizaciones, ventas a privados ni en operaciones con organismos públicos (como la ANDIS)”.
A diferencia de su hermano, Emmanuel Kovalicker sí logró ser ubicado en aquel operativo judicial de agosto de 2025 en su vivienda. Pero porque no pudo escaparse a tiempo. Tenía en su poder 266 mil dólares distribuidos en distintos sobres. Según dijo en su descargo, “su interceptación en el barrio La Isla ocurrió cuando se dirigía voluntariamente a la casa de su hermano y que entregó su dispositivo sin resistencia”. Por eso su celular fue analizado.
En esa línea, Emmanuel Kovalivker afirmó que “las conversaciones que se le imputan son esporádicas y atemporales y fuera del objeto procesal”. Dijo que las únicas comunicaciones rescatadas de su teléfono son de julio a diciembre de 2023. Esto se debe a que en su imputación se destacan intercambios con Pablo Atchabahian, exintegrante de la ANDIS, quien tenía especial ascendencia sobre Daniel Garbellini, una especie de Nº 2 de la agencia, que estaba a cargo de la Dirección de Incluir Salud. Para la fiscalía, Atchabahian –ya procesado en esta causa- fue un lobista de la Suizo. Una de las conversaciones que resaltó Picardi en su dictamen es de agosto de 2023 en la que Atchabahian le dice: “Gracias Ema querido soy un soldado”. Y el vicepresidente de la Suizo le contesta: “Un gran soldad(o)”. Atchabahian –que ya fue procesado por otros hechos y para la fiscalía fue uno de los jefes de la asociación ilícita- está citado a indagatoria para el 24 de noviembre por su rol en esta etapa del caso. Según afirman en su entorno, tiene pensado declarar.
En el celular de Emmanuel los investigadores también hallaron “una serie de contactos que permiten corroborar la existencia de vínculos entre las empresas que denominamos cartelizadas”. Respecto a esto, el exvicepresidente de Suizo Argentina se defendió argumentando que “tener contactos agendados del rubro o pertenecer a grupos vecinales/laborales de WhatsApp no constituye delito.”
Además de los Kovalivker, este miércoles también estuvo citado en Comodoro Py Horacio Encino, quien no declaró ni presentó escrito alguno. Los tres se sumaron Sebastián Nuner Uner (Director de Asuntos Corporativos de la Suizo), quien este martes abrió la tanda de 39 indagatorias que se sucederán en los próximos días. Como su jefe Jonathan, Nuner Uner se negó a declarar y presentó un escrito.
Las indagatorias en el caso ANDIS continuarán las próximas semanas con las declaraciones de:
Cuando finalicen las indagatorias que tiene este fragmento del proceso, el juez Ariel Lijo estará en condiciones de resolver la situación procesal de los indagados.
El caso ANDIS tiene “85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas”. En total ya se dictaron 44 procesamientos por la enorme trama de corrupción detectada en la agencia que comandó un íntimo amigo de Javier Milei.
A juzgar por las indagatorias en curso, esa cifra seguirá creciendo.
Fuente: eldestapeweb.com
