La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia consideró que el Gobierno de Chaco incumplió la orden judicial que exigía presentar un proyecto de ley con un mecanismo concreto de actualización salarial para los docentes. La resolución cuestionó la iniciativa impulsada por el gobernador Leandro Zdero y convocó al mandatario y a la ministra de Educación, Sofía Petcoff Naidenoff, a una audiencia de conciliación obligatoria prevista para el 29 de octubre, a las 10.
La decisión fue dictada el 16 de octubre por las juezas Silvia Suárez y Silvana Gómez, en el marco del amparo presentado por la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco contra el Ministerio de Educación y el Gobierno provincial. Según informó el medio LITIGIO, el tribunal actúa como órgano encargado de ejecutar la sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ordenó establecer un mecanismo de actualización de los salarios docentes.
El conflicto gira en torno a la eliminación de la cláusula gatillo, un mecanismo de actualización trimestral vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que dejó de aplicarse en junio de 2025.
En mayo, mediante el Resolutorio 103, la Cámara había intimado al Poder Ejecutivo a enviar a la Legislatura, dentro de un plazo de 30 días hábiles, un proyecto de ley que contemplara el mecanismo de actualización previsto en el artículo 47 de la Ley 647-E. La orden establecía la posibilidad de aplicar sanciones económicas si no se cumplía con lo dispuesto.
El 22 de septiembre, el Gobierno provincial informó que había cumplido con la manda judicial y presentó el Proyecto de Ley 2331/26, impulsado por Zdero el día anterior. Además, argumentó que la demora se debió a los plazos procesales y de control del texto, y solicitó que se dejara sin efecto una resolución previa y se levantaran las sanciones conminatorias, conocidas como astreintes.
Sin embargo, la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco rechazó la iniciativa y pidió que se agravaran las sanciones, incluso con la extensión de las responsabilidades al gobernador y a la ministra de Educación.
El sindicato sostuvo que la obligación judicial no consistía únicamente en presentar un proyecto, sino en establecer una herramienta concreta para actualizar los salarios. También cuestionó que la propuesta oficial prohíba la indexación automática, no fije plazos de recomposición, comience a aplicarse recién en 2027 y no contemple la devolución de los montos que los docentes dejaron de percibir.
La Cámara coincidió con los cuestionamientos centrales y señaló que, aunque el artículo 1° del proyecto anuncia una cláusula de actualización salarial, el texto no establece una fórmula específica ni determina el índice o valor de ajuste que se aplicaría durante 2027.
De acuerdo con la resolución, la iniciativa del Ejecutivo se limita a enumerar principios generales y plantea evaluaciones periódicas sujetas a variables como los recursos de coparticipación, la recaudación provincial, la inflación y otras condiciones fiscales. Las eventuales actualizaciones quedarían condicionadas a la disponibilidad de fondos y a los lineamientos macroeconómicos comunicados por el Gobierno nacional.
Las juezas también señalaron que el artículo 7° del proyecto prohíbe la indexación automática y establece que los incrementos no estarán vinculados exclusivamente a índices inflacionarios. A su vez, el artículo 10 dispone que la norma comenzaría a regir en el ejercicio 2027, una vez reglamentada por el Poder Ejecutivo.
Para el tribunal, esas disposiciones no se corresponden con lo establecido en el artículo 47 del Estatuto Docente, al que vinculó con la garantía de intangibilidad salarial contemplada en el artículo 87 de la Constitución provincial. La resolución calificó la interpretación oficial como una “desinterpretación” de lo ordenado judicialmente.
Antes de resolver si corresponde mantener o agravar las astreintes, la Cámara consideró necesario abrir una instancia de diálogo debido al impacto del conflicto sobre el conjunto de los trabajadores de la educación.
Por ese motivo, convocó a una audiencia de conciliación obligatoria para el jueves 29 de octubre, a las 10, con la presencia del gobernador Zdero, la ministra Naidenoff y un representante de la Fiscalía de Estado. Los funcionarios podrán asistir personalmente o designar representantes con facultades suficientes para tomar decisiones.
Fuente: eldestapeweb.com
