En un contexto marcado por la sobrepoblación carcelaria y la crisis sanitaria, el sistema penitenciario de Salta atraviesa una alerta por un brote de tuberculosis que motivó una investigación de oficio de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos y reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones de detención durante la gestión del gobernador Gustavo Sáenz. Hasta el momento existen ocho unidades carcelarias con aislamientos sanitarios y tres alcaldías en el territorio provincial.
«La situación es compleja en este momento. Son números que maneja el Servicio Penitenciario de toda la provincia de Salta. Sin embargo, hay un foco de contagios muy importante en la Alcaidía y en la Unidad Carcelaria N° 1, que son los lugares donde existe mayor población de la provincia», sostuvo a El Destape, el presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Marcelo Andrés Giordamachi.
Según el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, hay dos personas privadas de la libertad internadas, 41 aisladas preventivamente y otras 27 bajo tratamiento ambulatorio. Así Giordamachi advirtió que los principales focos se encuentran en la Alcaidía y en la Unidad Carcelaria N.º 1, dos de los establecimientos con mayor población penitenciaria de la provincia.
Giordamachi explicó que la tuberculosis es una enfermedad que aparece con frecuencia en contextos de encierro y vinculó su propagación con las condiciones materiales de los establecimientos. Entre los factores que enumeró mencionó la ventilación insuficiente, la falta de iluminación, la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y la presencia de personas que duermen en el piso.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones, la cual es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis (o bacilo de Koch). Este microorganismo se transmite de persona a persona a través del aire cuando un enfermo con la infección activa tose, estornuda o habla, expulsando bacterias que luego son inhaladas por otros.
«A lo largo de todo el año tuvimos casos de tuberculosis, pero hemos tenido este brote en este momento. Realmente nos preocupa», afirmó. Además, indicó que el organismo mantiene contacto con el Ministerio de Salud, que trabaja en los controles sanitarios, mientras se implementan aislamientos preventivos para las personas contagiadas y sus contactos estrechos. Sin embargo, advirtió que la falta de espacio dificulta la atención de quienes necesitan tratamiento.
«La solución se vuelve compleja porque falta espacio. No hay espacio suficiente para realizar el tratamiento que requiere cada una de las afecciones. Eso llevó a que tengamos dos personas internadas en este momento», señaló.
El organismo busca que intervengan también el Poder Judicial y las autoridades sanitarias para evaluar medidas que permitan reducir la población penitenciaria. Entre las alternativas planteadas se encuentran las penas no carcelarias y las prisiones domiciliarias para las personas que cumplan los requisitos legales.
El Comité para la Prevención de la Tortura mencionaba que en sus informes ya se denunciaba la presencia de tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas en las cárceles salteñas. Giordamachi sostuvo que la situación requiere medidas integrales para aliviar la sobrepoblación y mejorar las condiciones de alojamiento.
«También advertimos que tenemos que empezar a trabajar para aliviar el sistema, porque este sistema va a llegar al colapso», alertó y advirtió que la sobrepoblación dificulta responder ante otras emergencias, como incendios o accidentes.
El problema, indicó, no se resuelve únicamente con la construcción de nuevos establecimientos, sino que requiere revisar el uso de la prisión como respuesta penal: «Es una falta de inversión, principalmente. Y los otros factores tienen que ver con un sobreencarcelamiento de situaciones que no necesariamente se deben resolver a través de la prisión. Las soluciones tienen que ser integrales, y ahí el Poder Judicial también tiene que estar comprometido a resolver esta situación».
Y concluyó con una advertencia sobre la capacidad del sistema penitenciario: «Porque por más que construyamos cárceles, si la política sigue siendo el encarcelamiento, las vamos a llenar nuevamente en poco tiempo».
La fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria, dispuso una serie de medidas de recopilación de información en la Alcaidía General y en las unidades carcelarias 1 y 4 para evaluar la situación sanitaria de las personas privadas de la libertad. Las autoridades deberán precisar si en el semestre actual se registraron casos confirmados de tuberculosis o si hay internos aislados por síntomas compatibles.
Además, se citó a prestar declaración testimonial al responsable del Departamento de Sanidad de la Unidad Carcelaria 1 y a un profesional médico del ámbito penitenciario el pasado 16 de octubre. De forma paralela, la fiscal solicitó la intervención del Cuerpo Especial de Investigadores (CEI) para identificar a los internos hospitalizados por esta enfermedad, obtener sus historias clínicas y reunir la documentación pertinente, lo que asegura que se adopten medidas preventivas para resguardar la salud del personal involucrado.
Por el momento, las actuaciones se encuentran en una etapa inicial de verificación, por lo que las medidas adoptadas no confirman por sí solas la existencia o gravedad de un brote, siendo los informes oficiales el factor determinante para establecer el panorama real.
La situación sanitaria también vuelve a poner en discusión las condiciones en las que se garantizan los derechos de las personas detenidas. Álvaro Camacho, integrante de la fundación ALFA, especializada en abogacía comunitaria para la defensa de los derechos humanos en el norte argentino, señaló que las dificultades no se limitan a la atención médica.
Camacho relató que la organización presentó un hábeas corpus colectivo para reclamar el derecho de las personas privadas de la libertad a estudiar en la universidad, luego de detectar restricciones para acceder a la educación superior.
«Como resultado se logró un nuevo protocolo para la educación superior de los presos, donde se formó una comisión de seguimiento universitaria en la cual ellos tienen participación directa y activa», explicó.
El abogado sostuvo que, durante el trabajo con personas detenidas, observaron una lógica institucional que trata derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales como si fueran beneficios sujetos al comportamiento de cada preso.
«Esa lógica es difícil de romper y requiere también formación en el personal, porque justamente, se trata a los presos bajo una óptica muy meritocrática. Haciendo que la atención médica, los requerimiento de salud, de educación o de otro tipo, tengan que ver con el concepto del preso», afirmó.
Camacho cuestionó que las restricciones se justifiquen mediante argumentos vinculados con la falta de personal o de recursos y remarcó que la condena penal limita la libertad ambulatoria, pero no elimina los demás derechos.
«Lo cual es ilegal, inconstitucional, esa forma de pensar y de proceder. Pero bueno, todavía es una lógica que se mantiene muy firme, como en todos lados», concluyó.
Fuente: eldestapeweb.com
