El fiscal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Adminsitrativas (PIA) Sergio Rodríguez solicitaron al juez Ariel Lijo que convoque a prestar declaración indagatoria a 43 personas en el marco de la causa en la que se investigan grandes hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En un nuevo dictamen de 305 páginas, los fiscales apuntaron a la firma Suizo Argentina S.A. y a sus dueños, los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker, a los que acusan de haber cooptado la agencia que conducía Diego Spagnuolo –íntimo amigo del presidente Javier Milei- “en particular desde mayo de 2024 a agosto de 2025”.
Según los investigadores, esa droguería “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas identificadas hasta el momento”. La acusan de “vender medicamentos más caros y con sobreprecios”, que llegaron a un 4.000 por ciento. En apenas 15 meses, Suizo Argentina “fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia”: casi $140.000 millones, alrededor del 30% de las erogaciones de la ANDIS.
En un dictamen rubricado el 16 de octubre pasado pero conocido este miércoles, los fiscales también dieron cuenta del vínculo de la firma manejada por la familia Kovalivker –a la que se vincula con los Menem- con uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS, ya procesado en este expediente: el multifacético Miguel Ángel Calvete, “a quien habrían pagado sumas por más de 54 mil dólares en el año 2024 (sin que se hayan registrado actividades comerciales legales) y a quien acudieron al momento en que la firma Suizo Argentina S.A. estaba siendo allanada”.
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También detectaron nuevos pagos de sobornos a Spagnuolo –además de amigo, exabogado de Milei- que habrían sido facilitados por Calvete. Se trata de un viaje a Israel –en el que Spagnuolo hasta eligió el asiento del vuelo- como paga por sus “favores políticos”. A su vez, revelaron que un aportante electoral de La Libertad Avanza, procesado en este expediente, obtuvo por parte de la ANDIS adjudicaciones superiores a los $3.000 millones menos de un año después financiar al partido de Milei.
Estos hechos se suman a una causa (conocida como Coimagate o caso ANDIS) que hasta el momento tiene “85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas”. En total ya se dictaron 44 procesamientos por la enorme trama de corrupción detectada en la agencia que comandó Spagnuolo. En este contexto, este miércoles se conoció el pedido de ampliación de indagatoria sobre 7 de esos procesados y la citación de otras 36 personas que no habían sido convocadas hasta ahora a esa instancia defensiva.
Los audios de Spagnuolo –difundidos por Carnaval Stream-, donde se lo escucha describir un sistema de corrupción que funcionaba en la ANDI, fue el que instaló el caso en los medios. El fiscal Picardi tomó esos audios como disparador de caso pero no como prueba en el expediente. No obstante, Spagnuolo intenta que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el caso cuestionando la supuesta ilegalidad de esas grabaciones.
Este avance judicial vuelve a poner el foco en la familia Kovalivker, que además de haber sido noticia en el caso ANDIS apenas estalló también fue apuntada en otra causa por presuntamente costear el alquiler del Movistar Arena para un acto del presidente Javier Milei de octubre de 2025. La Justicia investiga en ese expediente el origen de los fondos del evento que tuvo al jefe de Estado dando un recital.
Los fiscales Picardi y Rodríguez describieron en su último dictamen un “entramado ilícito orquestado entre funcionarios/as de la ANDIS y representantes de la firma Suizo Argentina S.A., que derivó en amplias sumas de dinero en favor de ésta y en diversos retornos a los funcionarios públicos”. Los fiscales citaron al director del área de Incluir Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini –considerado uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la agencia-, y afirmaron: “La ANDIS llevó la bandera de la Suizo Argentina S.A. durante toda su gestión: no fue una firma más en el entramado ilícito, fue la que mediante diversas maniobras lo controló”.
En ese marco, los investigadores determinaron que “existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A sobre la ANDIS”. Esto implicó que la droguería (a cuyos dueños los acuasdos los llamaban “los helvéticos”) “recibía información anticipada; controlaba y administraba las compulsas, determinando los precios de venta de medicamentos PACBI propios y de otras firmas, con sobreprecios y valores discrecionales que derivaron en un aumento sustancial de los precios; y, utilizaba a la firma Génesis S.A. como firma interpuesta para aumentar los valores de venta al Estado Nacional. Asimismo, daba órdenes a los responsables de ANDIS sobre a qué firmas pagar y a cuáles no; como así también, a qué personas designar dentro de la agencia y a quienes despedir”.
“La ANDIS funcionó como una verdadera ventanilla de pagos de sumas millonarias administrada discrecionalmente por la Suizo Argentina S.A”, señalaron los fiscales. Solo entre mayo de 2024 y agosto de 2025, “Suizo Argentina S.A. llegó a facturar $124.652.174.118,59 a ANDIS”, afirmaron los investigadores. Los datos surgen de ARCA. Esto se dio “a cambio de determinados retornos”.
Todo, obviamente, funcionaba de forma cartelizada: “Suizo Argentina S.A. tenía en su poder las cotizaciones de sus competidores -con los valores ofertados de cada medicamento- antes de que cierren las compulsas de precios en ANDIS”.
Esto implicaba la existencia de “un doble pacto” de la firma de los Kovalivker: “Por un lado, con ANDIS para tener la información anticipada, garantizarle el rol de firma administradora y máxima ganadora y, por otro lado, con las firmas cartelizadas quienes tenían que obedecer el juego de la Suizo Argentina S.A para vender en ANDIS”.
Por estas maniobras, Picardi y Rodríguez pidieron las indagatorias de Spagnuolo y:
En el dictamen no se apuntó al padre de los hermanos Kovalivker, Eduardo, a quien se mencionó cuando la droguería quedó en el centro de la causa, apenas comenzó la investigación. Todo indica que estaría corrido del día a día de la empresa.
Según los fiscales Picardi y Rodríguez, “la Suizo Argentina S.A., tuvo vía libre en la ANDIS para sus negocios ilícitos defraudando al Estado Nacional, en connivencia con funcionarios públicos: quebraron la libre competencia en la compulsa de precios y vendieron a la ANDIS medicamentos PACBI con sobreprecios y con aumentos discrecionales que le fueron pagados en función de acuerdos espurios”.
Los investigadores fiscales detallaron que en julio de 2024 el Gerente de la División Tratamientos Especiales de la Suizo Argentina S.A., Gonzalo Zarbo, informó a su equipo que habría adquirido un medicamento para el tratamiento de la esclerosis múltiple (cladribina en su versión comercial “Eurit” -del Laboratorio Richmond-), a un costo de $92.000 por unidad. Y ordenó venderlo al precio que quisieran, indicando: “[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”. El medicamento, de acuerdo a los fiscales, fue comprado por ANDIS, que pagó a la Suizo Argentina S.A. entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad. Esto es, unas 42 veces el costo de adquisición. Lo que representó un incremento porcentual entre el precio de compra y el precio de venta a ANDIS de 4106.95%, según resaltaron los investigadores.
A ese precio la ANDIS adquirió 66 unidades, adjudicándose “a la Suizo Argentina S.A. el monto de $264.766.378,00” solo por ese medicamento.
Los fiscales advirtieron que ese mismo medicamento fue adquirido por ANDIS a una droguería a $281.400 en mayo 2024 y a la misma Suizo Argentina 20 días después por 405 mil pesos.
Como explicaron los investigadores, “la maniobra requirió, como condición de posibilidad, que las compulsas en las que se introdujo el Eurit estuvieran despejadas de otros oferentes, ya que de otro modo la presencia de cotizaciones competitivas a valores precedentes hubiera tornado inviable la adjudicación”.
“El sobreprecio facturado en julio y agosto de 2024 no obedeció a condición objetiva o necesidad alguna, sino exclusivamente al aprovechamiento puntual de una oportunidad -disponibilidad de Eurit a bajo costo, obtenida desde la Suizo Argentina S.A.- mediante la rotación ordenada por Gonzalo Zarbo -quien recordemos tenía diálogo directo con Daniel María Garbellini- a sus subordinados de la División Tratamientos Especiales. Orden que desde la ANDIS también fue cumplida, ya que pudiendo obtener la droga al costo habitual la compraron a la Suizo Argentina S.A con sobreprecio”, resaltaron los fiscales.
A esto se suma un dato no menor: Estos sobreprecios se pusieron “a un medicamento de alto costo que es destinado a tratar una enfermedad de gravedad y que, en este caso, era vendido al Estado Nacional, quien centraliza la adquisición de este tipo de medicamentos para determinado sector poblacional”, que es vulnerable.
Por hechos como estos, que se repitieron en diferentes grados, los fiscales concluyeron que hubo sobreprecios avalados por la ANDIS y que todo fue parte de un gran sistema que tuvo a la firma de los Kovalivker como centro haciéndose de sumas millonarias: “La ANDIS compró los medicamentos PACBI alterando la razonabilidad del gasto público: un circuito orquestado para garantizar que la Suizo Argentina S.A. se posicione como su principal proveedora, adjudicando a dicha empresa órdenes de compra, durante el periodo que va desde mayo 2024 a agosto 2025, por un total de: $137.118.708.357,77, lo que significó un 29,54% del total adjudicado por la Agencia Nacional de Discapacidad dependiente del Ministerio de Salud de la Nación”.
A esto se suma una particularidad: “durante el periodo investigado fue la única firma que se mantuvo por encima de los $4.000.000.000 de manera constante. Estas órdenes llegaron incluso a superar los $17.000.000.000, en agosto de 2024”.
Picardi y Rodríguez también establecieron vínculos entre los directivos de la Suizo Argentina S.A. con el multifacético Miguel Ángel Calvete, considerado otro de los jefes de la asociación ilícita que funcionaba en la ANDIS. De acuerdo a los fiscales le “habrían pagado sumas por más de 54 mil dólares en el año 2024”. Habrían sido en concepto de “honorarios”, según los fiscales.
La información surge de documentos secuestrados a Calvete como uno llamado “Rendición del 3 de abril 2024”, que da “cuenta de registros de honorarios y pagos al menos en abril del 2024”. Calvete llevaba el registro de los pagos que debía recibir. “En dicha ocasión, cobraría de la Suizo Argentina S.A. la suma aproximada de 56 millones de pesos o 55 mil dólares -conforme el tipo de cambio-”. No hay registro de facturas sobre ese pago.
Según reconstruyeron los fiscales, desde la droguería también acudieron a él al momento en que la empresa estaba siendo allanada.
Calvete, cuyas empresas también ganaron adquisiciones en ANDIS, tenía múltiples contactos. Su hija, Ornella, también procesada en esta causa y a quien le secuestraron cerca de 700 mil dólares en el marco de un allanamiento de este proceso, trabajaba al momento en que estalló el escándalo en el Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo . Además de tener una relación aceitada con Spagnuolo, el íntimo amigo del presidente.
Los fiscales también imputaron nuevos pagos de sobornos a Spagnuolo, quien recibió dinero por parte de Calvete. Además de los montos en efectivo que ya quedó claro que recibió y fue materia de análisis en una anterior etapa de la investigación, ahora se corroboró que Calvete gestionó que el entonces titular de la ANDIS e íntimo amigo de Milei concretara un viaje a Israel desde el 14 hasta el 25 de noviembre de 2024. La información surge del análisis del teléfono de la secretaria de Calvete, Patricia Canavesio. Hay mensajes enviados hacia ella misma como resguardo y un archivo comprimido “que contiene un resguardo de las conversaciones que Patricia Canavesio mantuvo con Paula Facal -agente de viajes-, que no fueron halladas de manera directa en el dispositivo, posiblemente por haber sido borradas”. “Del contenido de dicho archivo surgen elementos que prueban que Miguel Ángel Calvete realizó las gestiones y costeó el viaje del ex titular de la ANDIS”, explicaron los fiscales.
De ese material se desprende que Calvete pagó pasajes de avión, hospedaje y servicios de atención al viajero. La secretaria de Calvete, incluso, llegó a elegir el asiento del avión –Spagnuolo quería viajar en primera- y afirmó “que todo era para pagar favores políticos”, se explicó desde la fiscalía.
Hay transferencias a Facal por parte de una empresa de Calvete con la referencia “Spagnuolo”.
Por eso, los fiscales destacaron: “No solo le pagaron el vuelo, sino que la asistente de Miguel Ángel Calvete, fue puesta al servicio de Diego Orlando Spagnuolo, ya que ella se ocupó de todas las gestiones, incluso de elegirle el asiento como si fuera -en verdad- su secretaria personal. No resulta menor, en función de cómo se ha sostenido, los límites entre lo público y lo privado en ANDIS no existían”.
En la investigación también se detectó que Patricio Rama, vinculado a Pablo Atchabahian y procesado en esta causa, “registra un aporte de $200.000 -efectuado el 22 de septiembre de 2023- en favor de la agrupación ‘La Libertad Avanza’, conforme surge del registro de aportes privados de campaña que publica la Cámara Nacional Electoral”. Es decir, fue aportante de campaña de la candidatura de Javier Milei. Menos de nueve meses después, el 3 de junio de 2024, Garbellini “asumió como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud y Patricio Rama pasó a resultar beneficiario, a través de las firmas a él vinculadas, de las adjudicaciones” de la ANDIS. Se le adjudicaron contrataciones por más de 3 mil millones de pesos.
“En lo que respecta a las 36 compulsas de precios relacionadas a la provisión de implantes auditivos, audífonos y sus relacionados, ocurridas entre enero 2025 hasta agosto del mismo año, se adjudicaron compras por un total de $13.328.004.541,00 de las cuales la firma vinculada a Patricio Rama -esto es, New Farma S.A.- obtuvo $3.238.397.020,00, lo que representó el 24,30% del sector”, resaltaron los fiscales. Es decir, el aportante de campaña de Milei recibió menos de un año después de su aporte más de 3 mil millones de pesos en adjudicaciones de la agencia que comandaba Spagnuolo.
Rama era parte del Grupo Museo, un chat que conformaba junto a Garbellini, Atchabahian y Osmar Caballi desde donde se planificó el ingreso a la ANDIS durante el gobierno de Milei. Todos obtuvieron grandes beneficios de la agencia durante la gestión libertaria. “Caballi llegó a vender a la ANDIS insumos PACBI hasta con 1.900% de sobreprecio. En total las firmas vinculadas a Patricio Rama y Osmar Mariano Caballi obtuvieron por parte de la ANDIS, en los plazos indicados, la suma de $16.970.930.296,27. Pagos que eran gestionados por Daniel María Garbellini: familia de éstos”, resalaron Picardi y Rodríguez.
Por todos estos hechos, la fiscalía solicitó 43 indagatorias en el caso ANDIS. Además de los mencionados Spagnuolo, Garbellini, Calvete, Atchabahian, los hermanos Kovalivker, Viner, Nuner Uner, Zarbo y Dominguez hubo otras 33 personas apuntadas por los investigadores:
Horacio Antonio Encino, Juan Francisco Cereijo, Santiago Humberto De Angelis, Leandro Antonio López, Mario Roberto Litmanovich, María Eugenia Luraschi, Matías Saúl Litmanovich, Juan Ignacio Sabio, Luis Fernando Segura, Diego Raúl Torre, Patricia Susana Calderón, Yair Hendler, Joel Hendler, Ezequiel José Masjuan, Guillermo Fernández Funes, Facundo Tomás María Giudici, Juan Agustín Giudici, Fernando Oris de Roa, María Luisa Clotilde Macchiavello, Lucila Irene Macchiavello, Silvia Adriana Macchiavello, Marcela Macchiavello, Hernán Jorge Bagliero, Laura Elena Palisa Mujica, Alfredo Oscar Gómez, José Emilio Sabella, Roberto Omar Campano, José Héctor Reboratti, Eduardo Hugo Roqueta y Delia Inés Navarro. Además de los pedidos de ampliación porque ya están procesados en esta causa de: Andrés de Horacio Arnaudo, Matías Javier Palotti Bertola y Diego Martín D’Giano.
¿Las víctimas de estas maniobras de corrupción del gobierno de Milei? “Un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y personas sin otra cobertura médica que la que brinda el Programa Federal Incluir Salud”, explicaron los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. “Se trata, entre otros, de madres con siete hijos, adultos mayores en situación de pobreza y personas con enfermedades crónicas cuyas necesidades asistenciales son particularmente sensibles”, precisaron.
El área de la ANDIS donde se llevó a cabo la maniobra fue el Programa Federal Incluir Salud, que “centralizó la compra de insumos y medicamentos de alto costo y poco frecuentes que de otro modo las personas no podrían obtener, puesto que, por su especialidad, especificidad y costo no son posibles de conseguir en ámbitos comerciales habituales”.
Los fiscales apuntaron contra los acusados: “Estas personas aprovecharon que la agencia tenía la obligación de comprar medicamentos e insumos de alto costo en un periodo de tiempo reducido, por el tipo de población destinataria, para desplegar acciones ilícitas en perjuicio del erario público. En vez de fortalecerse los controles institucionales para evitar actos de corrupción en este tipo de organismos tan sensibles, por el dinero que manejan y el flujo que requiere, se puso a total disposición del sector privado una agencia pública que debía velar por los intereses de las personas más vulnerables de la sociedad: discapacitados/as, enfermos/as de gravedad y pobres”.
Mientras el gobierno de Milei por un lado recorta en áreas de discapacidad, por otro, desplegaba enormes maniobras de corrupción en la agencia que conducía un íntimo amigo del Presidente.
Fuente: eldestapeweb.com
