Mientras Javier Milei y Patricia Bullrich impulsaron la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pretende avanzar con una inversión de $1.780 millones para construir cuatro dispositivos destinados a la detención de niños y adolescentes. «Santa Cruz no tiene estadísticas de menores de 18 años encarcelados por causas penales, no existen», detallaron a El Destape.
La decisión vuelve a poner en discusión las prioridades de una gestión provincial alineada con la Casa Rosada que apuesta a infraestructura para el sistema punitivo mientras persisten reclamos por las condiciones sociales y educativas de la provincia. El cura y diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, cuestionó la inversión y advirtió que el distrito enfrenta urgencias que, a su entender, deberían ocupar el centro de la agenda gubernamental. Entre ellas, señaló problemas de infraestructura escolar, establecimientos sin calefacción, desocupación, dificultades económicas de las familias y falta de oportunidades para los jóvenes.
El presupuesto fue detallado en un informe de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia remitido a la Cámara de Diputados, y contempla dos centros de admisión y derivación, con un presupuesto aproximado de $640 millones por edificio, y dos casas de convivencia, estimadas en $250 millones cada una. El monto corresponde exclusivamente a las construcciones y no incluye el costo total de implementación del sistema, que también requiere personal especializado y recursos para su funcionamiento.
El legislador afirmó que la provincia no cuenta con recursos suficientes para afrontar una inversión de esa magnitud y puso en duda que la situación local justifique la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios para adolescentes.
«La provincia no tiene ninguna capacidad de invertir ese monto en construir cárceles para menores de edad. La realidad de Santa Cruz no amerita que construyamos cárceles para menores. No tenemos una población que necesite semejante infraestructura», sostuvo.
Molina planteó que esos fondos podrían destinarse a atender problemas que afectan a la población. Como ejemplo, describió dificultades en las escuelas públicas, con establecimientos que reciben agua sucia del servicio público y no cuentan con calefacción suficiente para garantizar el dictado habitual de clases: «Hay establecimientos donde se intercalan los días de clases porque hace frío».
El diputado también señaló el estado de las rutas provinciales y la situación del empleo. Según indicó, la ciudad de Río Gallegos registra una desocupación del 10%, mientras que la salida de pequeñas y medianas empresas reduce las oportunidades laborales para jóvenes y adultos.
«No creo que esta inversión sea una necesidad para la provincia. El Gobierno pidió un endeudamiento de 600 millones de dólares que llevó a la Cámara de Diputados y se lo negaron. Después intentó impulsar un plan habitacional y también se lo rechazaron», agregó.
Molina vinculó la discusión presupuestaria con la relación política entre el gobernador Claudio Vidal y la administración de Javier Milei. El legislador cuestionó el alineamiento del mandatario provincial con el Gobierno nacional y planteó que esa cercanía podría condicionar el posicionamiento de los diputados oficialistas frente a las iniciativas impulsadas desde Nación.
«El gobierno de Claudio Vidal es abiertamente mileísta, está absolutamente alineado. Sería imposible que sus diputados votaran en contra de una propuesta de Milei, con la excusa de que así llegan recursos a la provincia que no llegan por otro lado», expresó.
En la misma línea, cuestionó la postura de los representantes de La Libertad Avanza y sostuvo que la discusión debería concentrarse en las necesidades sociales y económicas de Santa Cruz. «Además, tenemos otro diputado que pertenece a La Libertad Avanza. Esa postura está alineada: todo lo que proponga el Gobierno nacional lo van a votar, sea bueno, malo o feo», señaló.
El legislador también sostuvo que las medidas implementadas por el Gobierno provincial no alcanzan para responder a los problemas estructurales que atraviesan las familias: «El Gobierno provincial salió a repartir zapatillas como si fuera un plan educativo, pero tenemos otras necesidades. Hoy Santa Cruz es una provincia empobrecida, con un 10% de deserción escolar, una cifra enorme que la ubica entre los primeros seis o siete lugares a nivel nacional», afirmó.
Molina relacionó la falta de oportunidades con las dificultades para garantizar la inclusión de los adolescentes y aseguró que «si los jóvenes no están contenidos por la escuela, el deporte, el trabajo y las oportunidades, tanto ellos como sus familias quedan desprotegidos».
«Eso puede convertirse en un caldo de cultivo para que aparezcan problemas vinculados con la delincuencia», sostuvo el legislador y concluyó: «Me parece que ahí es donde hay que invertir esos 1.700 o 1.780 millones de pesos: en educación, trabajo y oportunidades para la población».
La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años se oficializó en todo el país tras la sanción y promulgación de la Ley Nacional 27.801 a comienzos de 2026, la cual entró en vigencia plena el 5 de septiembre de ese mismo año. Esta normativa establece un nuevo régimen penal para adolescentes de entre 14 y 17 años imputados por delitos, cuya implementación no se limita únicamente a la construcción de infraestructura, sino que exige el despliegue de dispositivos especializados, equipos profesionales capacitados y recursos económicos para garantizar el funcionamiento cotidiano del sistema.
Además de considerar medidas alternativas al encierro, asistencia sanitaria, educación y formación laboral, la ley requiere que, en los casos donde se disponga la privación de libertad, existan espacios adecuados que eviten estrictamente el alojamiento de menores junto a adultos detenidos.
En el ámbito provincial, los desafíos de esta implementación quedan al descubierto al confrontar las exigencias operativas con la disponibilidad financiera. En el caso de Santa Cruz, la respuesta oficial a un pedido de informes reveló que los $1.780 millones estimados corresponden únicamente a la edificación de cuatro establecimientos, sin representar el costo total que implica sostener la atención especializada y el personal del régimen.
Fuente: eldestapeweb.com
