La Libertad Avanza (LLA) planifica una sesión para este miércoles en Diputados, con la intención de darle media sanción al proyecto de «soberanía nacional». Si bien la aprobación de la iniciativa no correría riesgo en general, hay puntos en particular del texto que tiene como principal impulsor el asesor presidencial Santiago Caputo que no tienen los votos de los bloques aliados.
Fuentes parlamentarias de consulta habitual de El Destape confirmaron que el oficialismo planifica una sesión para el miércoles 18 de noviembre, en la que se debatiría el texto, producto de una momentánea malvinización del presidente Javier Milei. Tampoco se descarta que el temario incluya el proyecto de reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Según señalaron, los votos para la media sanción en general del proyecto de «soberanía» están. Sin embargo, hay dudas sobre algunos puntos del articulado. Según deslizaron fuentes parlamentarias, al oficialismo le hicieron llegar cuestionamientos sobre los puntos «relacionados a los alcance penales del dolo en diversas situaciones».
Desde un bloque aliados precisaron que «están trabajando sobre el capítulo 7», denominado «Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones». En este, se tipifica la figura del financiamiento exterior para campañas políticas y reformas del Código Penal para agravar las penas. «Así como está, no lo votamos», amenazaron.
Al fin de octubre, las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto le dieron dictamen al proyecto, luego de que el oficialismo trajera una batería de modificaciones al texto. Desde el peronismo, habían sugerido que los cambios habían sido solicitados por Estados Unidos. Esa semana, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, había visitado la Argentina y se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Santiago Caputo.
Entre estos cambios, se incluyó, en el régimen de sanciones para quienes exploten recursos sin autorización extranjera, garantían pertinentes, para quienes desconocieran el destino ilícito de sus servicios; cuestión que beneficiaría a las compañías estadounidenses que operan en las Islas Malvinas.
También se cambiaron se excluyó del concepto de campañas de injerencia extranjeras, clandestinas de engaño o ilicitud al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y la expresión pública atribuida de expresiones extranjeras. Además, también se incluyó al ministerio de Seguridad en Consejo de Seguridad al Ministerio de Seguridad y la creación de una Bicameral de seguimiento.
Fuente: eldestapeweb.com
