Sebastien Lecornu, primer ministro de Francia, anunció este viernes la apertura de un período de negociación de un mes con los sindicatos de la función pública, centrado en la revalorización de los salarios bajos y en una reforma de las escalas salariales. La intersindical calificó la propuesta de insuficiente y ratificó una huelga para el próximo 17 de noviembre.
La reunión se celebró en Matignon, sede del Gobierno, con representantes de los 5,8 millones de trabajadores públicos. Se trató de un encuentro que no se producía desde hace casi 20 años y que tuvo lugar pocos días después de un aumento del salario mínimo interprofesional (Smic) que solo benefició a los empleados del sector privado.
Lecornu definió el proceso como una “negociación rápida” y detalló cinco ejes de trabajo. Además de la mejora salarial, el plan contempla mayor transparencia e igualdad de retribución entre hombres y mujeres, una cobertura ampliada de los gastos de transporte, el refuerzo de la protección a los agentes heridos o amenazados, y garantías vinculadas a la neutralidad e independencia de los funcionarios.
El cronograma respeta las elecciones sindicales en curso dentro de la administración pública. El primer ministro volverá a reunirse con las organizaciones el 11 de diciembre, una vez concluidos los comicios, con la meta declarada de “sellar avances” antes de mediados de ese mes.
Según explicó el gabinete del ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, ante la prensa, las medidas alcanzarán a 1,35 millones de agentes estatales. De ese total, 1,1 millones vieron su sueldo base equiparado por la reciente suba del salario mínimo.
Sin embargo, solo la mitad de ese grupo logrará superar el umbral. Caroline Chevé, secretaria general de la Federación Sindical Unitaria (FSU), cuestionó el impacto efectivo de la iniciativa: “Hablamos de ocho puntos en la escala salarial. Eso significa ni siquiera 30 euros. Esto no responde en absoluto a la cuestión del poder adquisitivo”.
Unos 660.000 trabajadores seguirán percibiendo un complemento denominado indemnización diferencial, pensado para cubrir la brecha hasta ese piso retributivo, dado que ningún empleado estatal puede cobrar por debajo de esa cifra. El costo total de las medidas rondará “varios cientos de millones de euros”, una cifra que, de acuerdo con el ministerio de Cuentas Públicas, no compromete la meta de reducir el déficit público al 5% del producto interior bruto (PIB) hacia 2027.
El reclamo principal de los gremios se centra en el incremento del valor del punto índice, la referencia que determina el cálculo del ingreso base de todos los agentes públicos, junto con su indexación automática a la inflación. El Ejecutivo ya había rechazado esa alternativa en julio, al calcular que una suba del 1% en ese valor implicaría un gasto de 2.400 millones de euros, postura que reiteró este viernes.
La líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, describió los anuncios como “totalmente desfasados respecto a las demandas de los empleados públicos” y advirtió que “no habrá salida a la crisis sin un aumento del valor del punto índice”.
Tras las jornadas de protesta del 29 de septiembre y el 5 de noviembre, la totalidad de las centrales sindicales confirmaron su adhesión a la movilización pautada para el martes 17. Hasta antes del encuentro de este viernes, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) era la única agrupación que aún no se había sumado al paro, decisión que su secretaria general de la sección de función pública, Laure Revel, justificó al calificar las propuestas oficiales de “insuficientes, por no decir inexistentes”.
(Con información de EP y France 24)
Fuente: infobae.com
