El gobierno de Javier Milei prepara modificaciones para el texto del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional con el que busca profundizar las sanciones para las empresas y potencias extranjeras que realicen explotaciones ilegales de los recursos argentinos en las Islas Malvinas. La decisión se tomó luego del traspié que Martín Menem sufrió la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde no logró conseguir los apoyos necesarios para avanzar con un dictamen unificado. Desde su presentación, el proyecto ideado y ejecutado por los equipos técnicos que responden a Santiago Caputo recibió una serie de críticas por la amplitud de las facultades y temas en el que el texto original aspiraba a controlar.
En el Congreso, el PRO y el MID hicieron saber su descontento con una serie de artículos que amenazaban con poner en riesgo la convivencia democrática, mientras que desde sectores ligados al gobierno de Estados Unidos hicieron particular hincapié en los puntos de la ley que afectan a las inversiones en estructura. Pese a las críticas públicas que realizó el asesor presidencial respecto a la información que publicó el diario Clarín este domingo sobre la presión de la administración de Donald Trump para que el proyecto no afecte a sus empresas, C5N pudo confirmar de fuentes inobjetables del gobierno nacional que esas exigencias efectivamente existieron. Según pudo reconstruir este medio, después de que el proyecto fuera ingresado al Congreso, el embajador Peter Lamelas se puso en contacto con altísimas fuentes de la gestión libertaria para pedir explicaciones.
El mismo camino realizaron las autoridades de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Fueron estos llamados de atención, sumados a la falta de votos en el parlamento, los que obligaron al gobierno libertario a reacondicionar gran parte del texto. Fuentes de la administración libertaria confirmaron a este medio que aceptaron ingresar modificaciones en los artículos sancionatorios que en la redacción original abarcaban un espectro muy amplio de agentes.
Ahora, el gobierno limitó las sanciones para quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino a operadoras directas, licenciatarias, proveedores de las mismas y accionistas directas de los proyectos. De esta forma, se deja eximida de cualquier responsabilidad a fondos de inversión indirectos que tengan algún tipo de participación en las empresas explotadoras. “Había que poner un corte porque sino el proceso jurídico iba a ser eterno y hasta podía llegar a complicar a intereses de empresas nacionales”, justificó un funcionario al tanto de los cambios.
Además, se incorporó que el Consejo de Seguridad Nacional -el órgano que el proyecto busca crear para coordinar de manera unificada la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior- tenga la facultad para controlar, aceptar y/o rechazar las inversiones impulsadas por estados extranjeros y empresas que cuenten con capitales del mismo origen. En concreto, el presidente y los integrantes de la nueva institución tendrán la potestad para habilitar o no el ingreso de nuevas inversiones. Para garantizar el apoyo de los aliados, en tanto, el gobierno aceptó conformar una Comisión Bicameral dentro del Congreso que esté facultada, al igual que ocurre con la bicameral de Inteligencia, a auditar las decisiones y procesos tomados dentro del organismo que sólo estará conformado por miembros del Ejecutivo nacional.
El primer intento por obtener dictamen para el proyecto de ley, razonan en el oficialismo, fracasó por la falta de garantías de los sectores dialoguistas de contar con algún tipo de participación en la avanzada, por eso desde la Casa Rosada se mostraron flexibles a los cambios. A estas modificaciones, además, se suma la delimitación de la intervención de las Fuerzas Armadas en la protección de Infraestructuras Críticas para asegurar que las mismas sólo intervengan en casos que la Defensa nacional esté amenazada. También, se incorporó a la figura del Ministerio de Seguridad, ahora encabezado por Alejandra Monteoliva, como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, y se aclararon las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, aunque sin establecer una regla de intervención primaria y subsidiaria.
Por último, los cerebros del proyecto aceptaron incluir modificaciones en el artículo 111 del proyecto, que busca penar con 5 a 12 años de prisión a quienes actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un estado extranjero, organización o agente realizare actividades que alteren los procesos electorales o busquen manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva y promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes. Con los nuevos cambios, se excluyen expresamente dentro de este grupo al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses. Las negociaciones con los dialoguistas Todas estas modificaciones, que fueron aceptadas luego de largas negociaciones paralelas con gobernadores y legisladores dialoguistas, trajeron aparejada, además, una fuerte discusión al interior de la mesa política por el timing de la votación.
Según pudo saber este medio, durante el último encuentro del órgano de decisiones oficialistas, Patricia Bullrich hizo saber su descontento frente al tratamiento del proyecto en el Congreso. La presidenta del bloque libertario en el Senado entiende que avanzar con esta discusión en un momento donde la Corte Suprema de Justicia está marcando el timing legislativo del oficialismo es una mala decisión que podría traer fuertes consecuencias políticas para un oficialismo que acarrea un sinfín de errores autogenerados. En contraposición, un importante sector de la mesa política entiende que hay que apurar el tratamiento del mismo para evitar que, en lo discursivo, el proyecto quede ligado a un pedido de Estados Unidos.
En este marco, en el gobierno creen que la decisión del país de pedir la absolución del comité de la ONU es sólo una avanzada discursiva de la administración trumpista que, al igual que la argentina, tiene una particular fijación contra el organismo internacional, al que encuentra obsoleto puesto que ninguna de sus avanzadas lograron cambios reales a nivel mundial. Por eso, la decisión de la gestión libertaria será mantenerse todo lo distante que les sea posible de la discusión, que llega en un momento más que inoportuno, hasta que eventualmente se requiera tomar un posicionamiento más concreto. Aunque todavía faltan cerrar algunos detalles, en el gobierno aspiran a tratar en comisión el proyecto con sus modificaciones el próximo martes 27 y, en caso que todo marche acorde al plan, tratar el mismo al día siguiente en el recinto.
Según el poroteo que manejan en la mesa chica del gobierno, contarían con el apoyo de los catorce gobernadores que acompañaron a Javier Milei a París, por lo que los votos rondarían entre los 135 y 140 bancas.
Fuente: c5n.com
