El gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Competitividad Financiera, que propone entre algunos de sus puntos, el cobro de impuesto a las ganancias a los CEDEARS. Sin embargo, al recibir cuestionamientos de economistas cercanos al oficialismo y a la oposición, desde el Ministerio de Economía afirmaron que retirarán ese punto de esta iniciativa, comparada con la ley Bases por la multiplicidad de campos que abarca. Fuentes parlamentarias consultadas por el El Destape confirmaron que el texto tiene entre sus impulsores, por una parte, a Sturzenegger y por otro, a Economía.
Los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) son activos que representan partes de acciones de compañías extranjeras en mercados como la Bolsa de Nueva York (Wall Street), como el NYSE, el Nasdaq, el FTSE o la bolsa de Frankfurt, entre otros, y existen más de 200 opciones disponibles para la inversión. Se suscriben en pesos, aunque también pueden suscribirse en dólares.
En los considerandos del proyecto, se señaló que el texto establece «una calibración estratégica de los incentivos tributarios contenidos en la Ley de Impuesto a las Ganancias», cuyo «objetivo central de esta reforma es alinear el diseño fiscal con las necesidades macroeconómicas de formación de capital, eliminando incentivos que desvían el ahorro local hacia activos externos»
«En ese marco, la sustitución del inciso u) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias introduce una corrección sistémica indispensable para preservar la integridad de la base imponible y evitar el arbitraje regulatorio. La redacción vigente ha permitido una fisura en el sistema mediante la cual los inversores locales adquieren certificados de depósito (fundamentalmente CEDEARs) para gozar de la exención impositiva aplicable a los valores negociables locales, cuando en realidad están invirtiendo en activos subyacentes extranjeros que, de ser adquiridos de forma directa, se encontrarían plenamente gravados», remarcó el texto.
Luego, se señaló que «el texto propuesto neutraliza esta distorsión al establecer un principio de ‘transparencia fiscal’ o look-through para los certificados adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026».
«Al disponer que las operaciones con estos certificados quedarán sujetas al mismo tratamiento que hubiera correspondido al activo subyacente, se restaura la equidad horizontal del sistema tributario. Esta medida asegura que la toma de decisiones en el mercado de capitales vuelva a regirse por los fundamentos económicos y el rendimiento intrínseco de los activos, y no por ventajas fiscales espurias derivadas del vehículo jurídico utilizado para su representación», explicó el texto, que justificó que la modificación «consolida un esquema de incentivos más eficiente y justo, al eliminar subsidios fiscales indirectos a la tenencia de activos externos que no generan externalidades positivas en la economía nacional».
Apenas ingresado el proyecto, comenzaron a circular críticas. Del lado del peronismo, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, protestó por «otra ley ómnibus de 240 artículos» y «seguramente con varios Caballos de Troya». «Pero en el primer análisis anticipo que detrás del pomposo título de ‘reforma del mercado de capitales’ esconden un IMPUESTO A LA RENTA FINANCIERA».
«IMPUESTO A LA RENTA FINANCIERA A TRAVES DE LOS CEDEARS. Si era para hacer esto, por suerte me echaron…», se quejó a través de sus redes el ex legislador porteño Ramiro Marra.
Justo cuando estaba escalando el rechazo en redes sociales, Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en sus redes que «quedó de un borrador viejo» y que «se va a retirar».
El proyecto cuenta con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Modernización del Estado) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
Fuente: eldestapeweb.com
