En su fallo, el Comité Judicial del Consejo Privado —con sede en Londres y máximo tribunal de apelación para varias antiguas colonias británicas— ratificó la decisión de una instancia judicial inferior que ya había invalidado la ley vigente en el país, que penalizaba la “sodomía” y los actos de “indecencia grave” entre parejas del mismo sexo.
La ley contemplaba penas de hasta cinco años de prisión por “sodomía” y de dos años por “indecencia grave”. En los sistemas jurídicos contemporáneos, el término “sodomía” ha quedado en gran medida obsoleto y se considera ofensivo.
Trinidad y Tobago, un país independiente, sigue siendo una república dentro de la Mancomunidad de Naciones británica.
Si bien varias antiguas colonias han revocado o derogado las leyes de la época colonial sobre la sodomía —Inglaterra y Gales despenalizaron las relaciones sexuales entre hombres en la década de 1960—, todavía existen restricciones similares en decenas de otros países.
Al Consejo Privado se le solicitó que se pronunciara sobre la legislación de Trinidad y Tobago tras la impugnación de Jason Jones, un activista por los derechos LGBTQ+ nacido en Trinidad y residente en el Reino Unido. Jones presentó inicialmente una demanda ante el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago, obteniendo una victoria en 2018; sin embargo, el Tribunal de Apelación de las islas revocó dicho fallo en 2025. Posteriormente, Jones y sus abogados llevaron el caso ante el Consejo Privado para una apelación definitiva.
Activistas y expertos jurídicos señalan que esta sentencia podría abrir la puerta a iniciativas similares por parte de defensores de derechos en otras antiguas colonias que aún criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Según la organización benéfica británica Human Dignity Trust, al menos otras cuatro antiguas colonias británicas en el Caribe —Jamaica, Guyana, Grenada, y San Vicente y las Granadinas— criminalizan la actividad sexual entre hombres, aunque no todas ellas se encuentran bajo la jurisdicción de apelación del Consejo Privado.
Antes de que se dictara la sentencia, Jones declaró a CNN que había presentado su demanda con el fin de impulsar un movimiento hacia la igualdad, aunque reconoció que aún queda un largo camino por recorrer.
“Mi caso no se limita únicamente a la despenalización (de los actos sexuales entre personas del mismo sexo) en los países de la Mancomunidad de Naciones que mantienen estas leyes de la época colonial británica. Se trata de hacer que la gente sea consciente de cómo la homofobia se está utilizando como arma para arrebatarnos nuestros derechos democráticos”, afirmó.
Más allá de los derechos LGBTQ+, el caso pone de relieve cómo el legado imperialista de Gran Bretaña sigue influyendo en los sistemas jurídicos de algunas de sus antiguas colonias y ha llevado a muchos a preguntarse por qué algunos países, ahora independientes, siguen aferrándose a políticas que su antigua potencia colonial abandonó hace décadas.
“Debemos tener presente que estas leyes fueron heredadas de nuestros colonizadores”, señaló Ria Mohammed, abogada y directora del Centro Caribeño para los Derechos Humanos. “Ellos [los británicos] las abandonaron hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué seguimos manteniéndolas?”.
Una ley antigua
El origen de esta ley se remonta a siglos atrás: en el siglo XVI, durante el reinado de Enrique VIII, Inglaterra promulgó la llamada “Ley contra la sodomía”. Más tarde, el Imperio británico introdujo una versión de esta norma en Trinidad y Tobago mediante una ley de 1925.
Tras alcanzar su independencia, Trinidad mantuvo la prohibición en vigor debido a una cláusula de salvaguarda que protege las leyes anteriores a la independencia frente a posibles impugnaciones, explicó Mohammed. Esta cláusula fue concebida originalmente por los británicos como una medida temporal para evitar vacíos legales durante la transición de las antiguas colonias hacia la independencia; sin embargo, algunos de estos Estados, entre ellos Trinidad y Tobago, siguen aplicándola. Los críticos señalan que esto ha permitido que permanezcan vigentes normativas obsoletas que ya no se ajustan a los estándares sociales actuales.
En 1986, Trinidad y Tobago derogó las disposiciones sobre delitos sexuales contenidas en la ley de 1925 e introdujo nuevas medidas más severas, que aumentaron las penas de prisión para los infractores y sancionaron también a las mujeres por actos considerados “indecentes”. Fue precisamente este cambio el que abrió la puerta a que Jones impugnara la ley.
Los abogados de Jones argumentaron que las nuevas medidas de 1986 eran distintas a las contenidas en la ley de 1925, de la época colonial; por lo tanto, no estaban protegidas por la cláusula de salvaguarda legal y, efectivamente, podían ser impugnadas.
“Ya no se trata de culpar a Enrique VIII ni a los británicos. Se trata de nuestra propia homofobia, gestada aquí mismo”, declaró Jones a CNN.
La “ironía suprema”
El fallo se aplica únicamente a Trinidad y Tobago. No obstante, los activistas esperan que este precedente abra la puerta a impugnaciones contra las leyes que prohíben las relaciones homosexuales en otras antiguas colonias que aún utilizan el tribunal con sede en Londres como su máxima instancia de apelación.
“La decisión será vinculante en Trinidad y Tobago. Pero, por pura lógica, si un país forma parte de la estructura de apelación del Comité Judicial del Consejo Privado… es poco probable que un caso proveniente de otra jurisdicción se resuelva de manera distinta”, señaló Mohammed.
En consecuencia, es probable que el desenlace de este caso sea seguido de cerca en todo el Caribe anglófono, donde varias antiguas colonias mantienen al Consejo Privado como su máxima instancia judicial, al tiempo que conservan leyes que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo.
En algunos de estos países, el caso de Jones ha reavivado el debate sobre si deberían sustituir al Consejo Privado por la Corte de Justicia del Caribe como su tribunal de última instancia.
Cinco países (Belice, Guyana, Barbados, Santa Lucía y Dominica) ya han dado ese paso.
Mohammed calificó de irónico el hecho de que, para resolver una impugnación contra una normativa de la época colonial, Trinidad y Tobago haya tenido que recurrir al sistema judicial de su antigua potencia colonial.
“Es la ironía suprema; además, es un momento para detenernos a reflexionar: ¿qué estamos haciendo realmente?”, planteó. “En realidad, se trata de entablar una conversación madura sobre qué tipo de sociedad queremos construir”.
Fuente: cnnespanol.cnn.com
