El intento de destitución de un juez que frenó circunstancialmente la reforma laboral, impulsado por una entidad ligada al Gobierno, avanzó en el Consejo de la Magistratura por impulso de la administración de Javier Milei y encendió alarmas en sectores de funcionarios judiciales y abogados. Se trata de la presentación del Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) contra el juez laboral Raúl Ojeda que días atrás evitó un planteo de rechazo y, en cambio, avanzó en el órgano encargado de calibrar la conducta y el desempeño de los jueces, que ahora quedó facultado a producir pruebas.
La causa contra Ojeda es el ejemplo más visible del accionar del MEAB, un conglomerado de funcionarios, dirigentes y empresarios que falló en su búsqueda de personería gremial a nivel nacional y debió conformarse con obtener un reconocimiento circunscrito a la provincia de Santa Fe pero cuyo accionar cuenta con el beneplácito de la gestión libertaria y goza de una amplia cobertura de los medios de comunicación ultraoficialistas. Entre los nombres más conocidos de esa entidad figuran la senadora Patricia Bullrich, la dirigente experonista y hoy libertaria Florencia Arietto y la actual diputada de La Libertad Avanza Verónica Razzini.
Días atrás fue otro legislador libertario, el diputado cordobés Gonzalo Roca, quien aportó el voto decisivo en la Comisión de Acusación de la Magistratura a favor de mantener en marcha el proceso y evitar que prosperase un planteo de desestimación que había presentado la sindicalista judicial y diputada Vanesa Siley. Fue un espaldarazo decisivo para una presentación que databa de abril último y que hasta entonces se creía que no podría representar un riesgo para el magistrado.
Ese movimiento encendió las alarmas. Entidades como la Asociación de Jueces del Trabajo (Anjut), la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y otras de profesionales del derecho se pronunciaron en contra del proceso de enjuiciamiento y lo rechazaron por entender que se basa en el rol funcional de Ojeda, en particular por haber dictado una cautelar a favor de la CGT que frenó la reforma laboral.
El cruce volvió a poner en el foco el MEAB. El grupo nació en 2021 por iniciativa de la actual diputada y empresaria Razzini, oriunda de Rosario, que había entrado en conflicto con el sindicato local de Camioneros, que lidera Sergio Aladio, rival nacional de Hugo Moyano. Aquella puja delineó una mecánica que el movimiento patronal convertiría en su marca registrada: convertir un reclamo sindical en el supuesto bloqueo de una “mafia sindical” contra una pequeña empresa familiar indefensa y con una mujer al frente. El Grupo Razzini es, en realidad, un conglomerado de empresas industriales y del rubro de la construcción con peso propio en Rosario. El holding empresario entró en concurso de acreedores y este año afronta una denuncia penal por un supuesto fraude inmobiliario con tres propiedades.
El caso de Lácteos Vidal, en Carlos Casares, registra similitudes: un reclamo de recategorización de operarios presentado por el sindicato de Lecheros (Atilra) es contestado con telegramas de despido y comienza un conflicto. A la cabeza se ubica Alejandra Bada Vázquez, presentada en los medios de comunicación como una emprendedora pyme sometida a bloqueos sindicales a pesar de que la Justicia nunca llegó a comprobar esa imputación. Incluso, en reclamos previos durante la pandemia de 2020, los trabajadores lograron filmar al hermano de la empresaria, Vidal Bada Vázquez, mientras era detenido con un arma con la que amenazaba a los operarios para que permanecieran en sus puestos en plena restricción de circulación.
La familia Bada Vázquez volvió al centro de la escena cuando la Justicia de los Estados Unidos dio cuenta de su aparición en planillas de intercambios económicos con el narcoempresario Alfredo “Fred” Machado. También surgieron aportes de campaña para Bullrich, que en varias oportunidades acudió a la planta industrial de la compañía para solidarizarse por los supuestos bloqueos que sufría. Otro factor común de cada conflicto del MEAB es una cobertura de medios prolífica que tiene en su centro notas en el portal Infobae con la firma de Ricardo Carpena, un exfuncionario de Mauricio Macri que protagonizó un intento de despidos masivos como vicepresidente de la agencia nacional de noticias Télam luego revertido por la Justicia.
Si bien el MEAB es muy activo en sus presentaciones judiciales son menos, por ahora, las veces que la Justicia le da la razón. De hecho hace dos semanas fueron absueltos de todos los cargos que pesaban en su contra el secretario general de la seccional San Nicolás del sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, y seis extrabajadores de una empresa de distribución de esa ciudad. Cabaleyro transitó cuatro años del juicio en prisión preventiva.
Otra singularidad del MEAB es la distancia entre su amplia capacidad de lobby político y mediático y su casi nulo reconocimiento legal. Sus directivos intentaron inscribirse como asociación civil ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y la pretensión fue rechazada por entender que la naturaleza constituti.va de la entidad era contraria al bien común. El pronunciamiento de la IGJ fue ratificado luego por la Cámara Civil que coincidió en que el MEAB se fundó con un objeto ilícito y contrario al bien común por su intención de criminalizar la organización sindical e impedir el ejercicio de los derechos sindicales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Como diagonal, sus referentes consiguieron una personería en la provincia de Santa Fe sólo acotada al distrito
Fuente: eldestapeweb.com
