La Cámara Federal de Casación Penal asestó un duro revés al presidente Javier Milei este miércoles en el caso $LIBRA. La sala II del máximo tribunal penal del país aceptó la queja que presentaron los damnificados del criptoescándalo para que se analice su pedido de reincorporación como querellantes a la causa. Es el paso previo para que se termine concretando su reingreso al expediente.
Se trata de un paso clave para mantener con vida la pesquisa luego de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi decretara el sobreseimiento de todos los acusados a instancias del fiscal Eduardo Taiano. Si los damnificados vuelven a ser querellantes –habían sido apartados por el mismo Martínez de Giorgi–, podrán impulsar la acción penal, volver a aportar pruebas y apelar todas las decisiones que se tomen.
La decisión de abrir la queja la tomaron los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. Guillermo Yacobucci votó en disidencia. Con esta resolución, la Casación inicia el proceso de reincorporación de los damnificados como querellantes a la causa.
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Las víctimas del caso $LIBRA, Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, habían sido apartadas por Martínez de Giorgi en julio pasado. El magistrado consideró que no estuvo acreditada la estafa y, por ende, no había damnificados. La esposa de Martínez de Giorgi, Ana Juan, fue nombrada jueza federal por Milei pocos días después.
Los damnificados apelaron esa decisión, pero la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ratificó lo dispuesto por el magistrado de primera instancia. La instancia revisora de Comodoro Py, además de rechazar el planteo, negó a los damnificados la apelación de su decisión ante la Casación. Por esa denegatoria, las víctimas recurrieron en queja a la Casación. Tanto Llorens como Bertuzzi fueron nombrados en la cámara durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el actual ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, era uno de los principales operadores judiciales del Ejecutivo.
Ante este escenario, la única expectativa de los damnificados era la Casación. Allí denunciaron que su apartamiento cercenaba la garantía constitucional de acceso a la jurisdicción, “en un expediente centrado en la promoción inicial del activo a cargo del Presidente de la Nación, la cual generó un masivo volumen de operaciones previo a un colapso abrupto de su cotización en una típica maniobra de manipulación de mercado”.
Este miércoles, Slokar y Ledesma hicieron lugar a su planteo y resolvieron abrir la queja. El paso siguiente de la Casación será escuchar a las partes y resolver si determinan el reingreso de los damnificados a la causa $LIBRA como querellantes. Algo parece evidente: Si esa no fuera la resolución final, no se hubiera abierto la queja.
Por eso, los abogados que representan a las víctimas analizan la decisión de la Casación con mucha expectativa. El letrado Nicolás Rechanik, que representa a diversos damnificados como Juan Patricio Marchetto, expresó a El Destape: “Es muy importante lo resuelto este miércoles porque la justicia tomó una decisión ajustada a Derecho que es la de oír a las víctimas de la estafa tal como lo había ordenado la sala II cando nos tuvo por querella”.
El abogado Nicolás Oszust, representante del damnificado Martín Romeo, afirmó a este medio: “Estamos satisfechos con la resolución que está reparando la injusticia en que había recaído el juez de primera instancia como la cámara revisora. Ahora vamos a esperar a la resolución que tome Casación. Tenemos mucha fe de que va a resolver acorde a Derecho”. El abogado Agustín Rombolá, socio de Oszust, añadió: “Es la primera decisión razonable de todo el expediente relativo a la cuestión de los querellantes. Tenemos muchísimas expectativas en que la misma cámara tenga la misma razonabilidad que ahora y nos admita como querellantes. Las pruebas que nos pidieron en las instancias anteriores no tienen ningún tipo de sustento. Esto nos devuelve muchísimas esperanzas de que todavía podamos seguir siendo parte del proceso”.
La decisión de la Casación se da a la par de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, intervino en el caso $LIBRA asumiendo el ejercicio de la acción penal y requiriendo al juez del caso que reabra la causa.
La PIA, que es la Fiscalía Anticorrupción, se hizo eco de un planteo que le hicieron las ONG CIPCE e INECIP, y el 29 de octubre solicitó «se deje sin efecto» la resolución en que se dictó los sobreseimientos de todos los acusados «por entender esta parte que la misma resulta prematura». También apeló en subsidio, por si el juez a cargo de la pesquisa, que hoy es Daniel Rafecas por una subrogancia, no acepta el pedido de retomar la acción penal. ¿Por qué apeló la Fiscalía Anticorrupción? Por estar «en discrepancia con las conclusiones alcanzadas, toda vez que, a criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba». En otro pasaje de la presentación de la fiscalía anticorrupción se añadió: «No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario».
La Casación abrió la queja presentada por las víctimas de $LIBRA por mayoría, por dos votos contra uno. “Que pudiendo constituir los agravios invocados por la parte recurrente algunas de las causales previstas en el art. 456 del CPPN, corresponde hacer lugar a la queja deducida de conformidad con lo dispuesto por la citada norma y el art. 463 ibidem”, afirmó el camarista Alejandro Slokar, quien lideró el acuerdo.
Ledesma adhirió a lo establecido por su colega: “Teniendo en consideración que se ha alegado cuestión federal suficiente para habilitar la instancia”, aseguró.
Yacobucci se manifestó en disidencia: “Que sellada la suerte del recurso habré de manifestar brevemente mi disidencia, por cuanto entiendo que corresponde declarar inadmisible el recurso de queja por casación denegada deducido, con costas”.
Ante este cuadro de situación, la Cámara de Casación resolvió: “HACER LUGAR al recurso de queja deducido y CONCEDER el recurso de casación interpuesto contra la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad que confirmó la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 8, por la que se resolvió ‘HACER LUGAR a la excepción de falta acción promovida por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli y, en consecuencia, APARTAR a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, del rol de parte querellante asumido en los autos nro. CFP 772/2025, del registro de este tribunal’”.
Se trata de un duro revés para el Presidente, que festejó junto a su hermana Karina el sobreseimiento dictado en primera instancia por Martínez de Giorgi. Si la causa vuelve a tener querellantes, estos apelarán ese sobreseimiento y la investigación podría recobrar el impulso que le quitó el fiscal Eduardo Taiano.
Fuente: eldestapeweb.com
