El Gobierno de Javier Milei confirmó este viernes que la próxima semana acudirá a la audiencia convocada por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para «impedir la explotación de hidrocarburos» en las Malvinas por parte de empresas petroleras británicas. Mientras la oposición asegura que la Casa Rosada cedió a intereses estadounidenses en la redacción de la Ley de Soberanía Nacional, el oficialismo asegura que logró llevar «por primera vez» a Londres a un litigio por el caso de las islas.
«Por primera vez en la historia la República Argentina se enfrentará al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el marco de la causa sagrada de Malvinas. Tenemos un equipo de lujo con excelencia técnica, vocación y experiencia que defenderá la posición argentina para que las empresas que operan en el proyecto sea Lion, con licencias ilegítimamente otorgadas por Reino Unido, no puedan extraer ni una gota de petróleo argentino» escribió el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X.
En su mensaje, el Canciller compartió un texto de la Oficina de Presidente de la Nación en la que se confirmó la asistencia de funcionarios argentinos a la audiencia convocada por el TIDM, luego de que el Gobierno denuncie el proyecto Sea Lion, con el que el Reino Unido pretende extraer petróleo a unos 200 kilómetros de las islas.
«La presentación fue realizada por los equipos juridicos de la Secretaria Legal y Técnica, de la Cancillería, del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro de la Nación, con el objetivo de proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos que pertenecen a todos los argentinos», se indicó en el comunicado.
La primera audiencia, en la que se escucharán los planteos del Reino Unido y de la Argentina, se realizará los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, en Hamburgo, Alemania. Según se detalló, la defensa argentina contará con un equipo internacional integrado por los especialistas en derecho internacional Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
Si bien el canciller Quirno quiso resaltar que «el Presidente Javier Milei ha conseguido elevar esta causa ante el mundo como nunca antes en la historia», la Ley de Soberanía Nacional promovida por el oficialismo tuvo cambios que despertaron críticas de la oposición.
Para conseguir el dictamen de las comisiones, La Libertad Avanza (LLA) debió introducir modificaciones al proyecto. Los cambios respondieron a planteos de los bloques aliados, aunque desde el peronismo deslizaron que las presiones de Estados Unidos habrían influido para que la nueva redacción no afectara los intereses de las compañías norteamericanas que explotan los recursos de las Islas Malvinas.
«Hemos exceptuado participaciones accionarias minoritarias, que, en la lógica del mercado accionario, estas participaciones minoritariamente, no pueden saber el destino final de sus ingresos», explicó el diputado libertario Damián Arabia, en referencia al artículo que beneficia a las empresas estadounidenses.
El 28 de septiembre pasado, el Gobierno argentino anunció que recurriría a un procedimiento de arbitraje amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Se trata de un tratado internacional firmado en 1982, que establece al TIDM como uno de los organismos encargados de resolver las controversias vinculadas con su aplicación.
Luego, el 13 de octubre, la Argentina presentó ante el Tribunal del Mar un pedido de medidas provisionales para frenar el desarrollo de Sea Lion. El proyecto de explotación está a cargo de la petrolera israelí Navitas, que posee el 65% de participación, junto con la británica Rockhopper, titular del 35% restante. La iniciativa prevé comenzar la extracción de petróleo en 2028, en la cuenca Malvinas Norte, ubicada a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
Fuente: eldestapeweb.com
