El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño aplicó este jueves la reforma laboral de Javier Milei al aceptar el recorte de los intereses para los juicios laborales que estaban en curso cuando la nueva normativa entró en vigencia. Se trata del artículo 55 de la nueva legislación laboral, que estipula un régimen especial para actualizar indemnizaciones en juicios en trámite.
El caso de una exempleada del Banco Hipotecario derivó en la intervención del máximo tribunal porteño, que sentó jurisprudencia sobre cómo debe ser la forma correcta de actualizar el capital adeudado y calcular los intereses en juicios laborales.
María Laura Souto denunció que su vínculo con la entidad había comenzado el 28 de marzo de 2005, cuando ingresó a través de una empresa contratista. Sin embargo, la relación fue formalizada recién cerca de un año y medio después, el 20 de noviembre de 2006. Luego de reclamar durante varios años el reconocimiento de su antigüedad, en marzo de 2017 se dio por despedida.
A partir de la demanda que presentó, la Justicia laboral determinó que el Banco Hipotecario debía abonarle la indemnización correspondiente y los distintos conceptos salariales reclamados. El litigio continuó a partir de entonces en torno al mecanismo que debía utilizarse para actualizar ese crédito.
Mientras el expediente continuaba su curso, comenzó a regir la Ley de Modernización Laboral, que en su artículo 55 incorporó un esquema transitorio para la actualización de los créditos correspondientes a estos juicios en trámite. El mecanismo prevé la utilización de tasas pasivas, sujetas a topes máximos y mínimos.
El mecanismo establece que los créditos laborales se actualicen según la tasa pasiva fijada por el Banco Central, aunque contempla límites para el cálculo. Como tope, el monto no podrá exceder el resultado de actualizar el capital histórico por IPC más un 3% anual. En tanto, el piso se establece en el 67% de ese mismo cálculo.
Al llegar el caso al TSJ, la mayoría de los jueces decidieron respaldar la vigencia de la norma. Fueron Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg la avalaron, mientras que Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia y consideraron que correspondía declararse inconstitucional ese artículo.
El fallo establece un precedente para los juicios laborales que aún se encontraban pendientes de sentencia definitiva cuando entró en vigencia la reforma.
Fuente: eldestapeweb.com
















