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El TSJ ordenó auditar un juzgado civil y de familia de Santa Cruz: los motivos

La medida fue dispuesta por el presidente del máximo tribunal provincial, Gabriel Contreras Agüero, ad-referéndum del cuerpo. La Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial deberá evaluar el estado y el desempeño cotidiano de la dependencia de la villa turística

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El TSJ ordenó auditar un juzgado civil y de familia de Santa Cruz: los motivos

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz ordenó la realización de una «amplia inspección» sobre el funcionamiento y el trabajo diario del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia con asiento en la ciudad de El Calafate.

La disposición quedó formalizada mediante una resolución emitida el 17 de noviembre de 2026 en Río Gallegos (registrada bajo el Tomo CLXXX, Registro 94, Folio 98) y lleva la firma del presidente del máximo tribunal provincial, Dr. Gabriel N. Contreras Agüero, dictada ad-referéndum del resto de los integrantes del cuerpo. El acto administrativo cuenta además con la certificación de Vanesa E. Oyarzún, jefa de Despacho de la Dirección General de Gestión Administrativa y Recursos Humanos del organismo.

De acuerdo con el texto oficial, el encargado de llevar adelante el relevamiento será la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, en ejercicio de sus facultades de superintendencia sobre los juzgados de primera instancia previstos en su jurisdicción.

Los fundamentos de la resolución

En los considerandos de la norma, la presidencia del Tribunal Superior señaló la necesidad de evaluar el estado general de la dependencia judicial de El Calafate. En esa línea, remarcó que constituye una función prioritaria del organismo velar por una prestación «correcta, eficiente y oportuna» del servicio de justicia en toda la provincia, garantizando que sea permanente y «libre de dilaciones irrazonables».

Para respaldar la decisión, el documento cita el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 15 y 131 de la Constitución de Santa Cruz, además de los artículos 34 y 46 (inciso 1) de la Ley Orgánica para la Justicia provincial (Ley N° 1600).

Asimismo, la resolución encuadra este procedimiento dentro de un cronograma más amplio de controles internos. Según detalla el escrito, el máximo tribunal ya había ordenado inspecciones en diversas dependencias jurisdiccionales tanto de la Primera como de la Segunda Circunscripción Judicial, por lo que consideró necesario dar continuidad a ese proceso de evaluación para detectar eventuales falencias o demoras y, en caso de corresponder, adoptar medidas correctivas.

Fuente: eldiarionuevodia.com.ar

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