Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado.
«Por secretaría consta la nota del jefe de Gabinete que estaría para venir el día 25, habíamos quedado el 17, pero ese día hay presencia de jueces en la comisión de Acuerdos. Entonces, si les parece bien, sería el miércoles 25 para dejarnos el jueves 26 como día de decisión. Él ya mandó la carta para comenzar el procedimiento», aclaró Bullrich.
Tras la lectura de la nota enviada por el jefe de Gabinete, Villarruel acordó mirando a Mayans: «Damos por cumplimentado que quedaría acordada la fecha del 25 de noviembre para la comparecencia del jefe de Gabinete«.
Una vez acordada esa visita, comenzó el tratamiento del RIIR con la exposición del senador correntino que lo impulsa, Eduardo Vischi. Se trata de un proyecto que contempla beneficios para grandes empresas que inviertan desde 12 millones de dólares y una iniciativa para regular el mercado de créditos de carbono.
«Este tipo de inversiones son un engranaje importante que puede generar la posibilidad de abastecer las grandes inversiones que está teniendo el país», señaló el legislador radical.
«Hay una recesión, una falta de consumo, una falta de ventas, un parate que evidentemente el consumo interno está bastante rezagado y hoy uno de los objetivos puede ser la exportación de nuestros productos», explicó Vischi.
El correntino definió que el sujeto beneficiario son «empresas medianas y grandes, arriba del tramo 2 de la ley de las pymes», aquellas que «no quedaron contempladas en el RIGI«.
Vischi le respondió a quienes criticaron el proyecto y definió: «Este RIIR no es un privilegio tributario, sino una herramienta política diseñada para movilizar capital productivo, fortalecer la industria nacional a través de sus proveedores, impulsar la economía regional y generar el trabajo genuino que demanden los argentinos».
Jorge Capitanich, senador y exgobernador de Chaco.
El senador peronista Jorge Capitanich pidió que el proyecto se vote en general y en particular. «Siempre estamos a favor de la inversión porque significa generación de empleo, de salarios dignos, de entramado productivo para nuestra industria. Ahora, efectivamente hay que proteger las empresas que ya están funcionando«, pidió el legislador chaqueño.
Capitanich advirtió: «Estamos generando múltiples regímenes de inversión con asimetrías desde el punto de vista de sus valores, con impacto fiscal y sin considerar el cupo fiscal dentro de los respectivos presupuestos».
El senador peronista por Santa Fe Marcelo Lewandowski respaldó lo expuesto por su par chaqueño: «Apoyamos las inversiones, creemos en las empresas y defendemos el trabajo genuino para nuestra gente. Lo hemos demostrado a lo largo de estos años, también desde la presidencia de la Comisión de Industria y Comercio«.
El jefe del bloque del Partido Justicialista en el Senado, José Mayans.
Mayans proveyó un gráfico elaborado por Cammesa que mostraba que Argentina consumía 16.460 MWh en el momento en que estaba exponiendo y comparó ese número con el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con la gestión de Fernando de la Rúa.
«En 2015 este indicador decía casi 30.000 MWh. Esto quiere decir que tenemos un país paralizado. Cuando se fue De la Rúa era de 13.500 MWh. Este factor está indicando una recesión muy fuerte por el fracaso de la política económica y energética del Gobierno«, repasó el senador este jueves.
«No basta, tiene buena intención, pero la visión económica es mucho más profunda«, alertó el legislador y remarcó: «Antes que estos proyectos, que tienen muy buena fe, hay que ganar tiempo con el análisis de la política energética del país«.
Bullrich, por su parte, defendió el proyecto: «El RIGI para los grandes proyectos y ahora el RIIR para acompañar inversiones que necesitan un régimen adecuado a su escala, en la que pueden trabajar».
«Necesitamos que una gran y mediana empresa construyan otras empresas que sean proveedoras de las materias, los bienes transables y los servicios que necesitan las empresas que van a obtener este RIIR», explicó la senadora y resaltó que el texto «también habla de la eficiencia energética», en respuesta a Mayans.
Luego de la aprobación del proyecto impulsado por Vischi, la Cámara alta continuó con el debate por la normativa que propone un marco regulatorio del mercado del carbono.
La senadora salteña y exsecretaria de Energía y de Minería, Flavia Royón (der).
«El proyecto permite que los créditos de carbono que se generan en nuestro país puedan ser comercializados en los mercados regulados internacionales o en aquellos mecanismos que necesitan una autorización del país y valen mucho más», explicó la senadora salteña Flavia Royón y añadió: «Regula el supuesto de que un crédito argentino que pretende ser usado por otro Estado, crea un registro y regula ese mecanismo para evitar que una misma tonelada de dióxido de carbono se contabilice dos veces«.
Los cambios sobre la Ley de Salud Mental
Entre los principales cambios, las internaciones voluntarias deberán ser comunicadas a la Justicia y los jueces podrán solicitar informes y peritajes, incluso dejarlas sin efecto. Además, las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en dos años, serán consideradas prolongadas.
El texto mantiene la prohibición de los manicomios y contempla los tratamientos ambulatorios y comunitarios. También incorpora la ludopatía entre las adicciones, habilita las teleconsultas con psiquiatras y permite que las personas dejen expresado de antemano si aceptan o rechazan determinados tratamientos.
Uno de los puntos más discutidos fue quién estará habilitado para firmar una internación. La última versión establece que deberá hacerlo un médico, preferentemente psiquiatra, o un profesional con formación en salud mental. Además, incorpora una segunda firma, pensada para los psicólogos, que intervendrán en la evaluación y el alta.
La reforma llega al recinto con un dictamen de mayoría firmado por el PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Algunos de esos legisladores firmaron en disidencia porque consideran que el texto no garantiza las partidas presupuestarias necesarias para aplicar la ley.
Fuente: c5n.com
