En una extensa jornada parlamentaria, el Senado de la Nación aprobó y giró a la Cámara de Diputados tres proyectos de fuerte impacto institucional y económico: la reforma a la Ley de Salud Mental, un régimen de beneficios fiscales para medianas empresas y el marco regulatorio del mercado voluntario de créditos de carbono.
Pese al avance de las iniciativas impulsadas y respaldadas por el oficialismo de La Libertad Avanza junto a bancadas aliadas, la sesión estuvo atravesada por las advertencias de los bloques opositores frente al traslado de responsabilidades sanitarias a las provincias sin partidas presupuestarias asignadas, la proliferación de regímenes tributarios asimétricos y las consecuencias del modelo de desregulación económica sobre la industria local.
El tramo de mayor confrontación política pasadas las 22 con el debate de la reforma a la Ley de Salud Mental, que cosechó 42 votos afirmativos frente a 21 rechazos del bloque Justicialista, Independencia y Convicción Federal. El texto gubernamental, que debió incorporar modificaciones sustanciales debido a las objeciones previas de provincias y bloques dialoguistas, habilita las internaciones involuntarias por decisión de un único médico cuando se constate riesgo grave para la vida o la integridad física propia o de terceros, delegando su posterior comunicación a la Justicia.
Mientras la presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascatea (LLA), argumentó que la reforma busca «llegar a tiempo» al «pasar del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente», la oposición centró sus críticas en la desatención financiera del sistema sanitario.
Desde Convicción Federal, el senador Guillermo Andrada —firmante de un dictamen de minoría— cuestionó los fundamentos del oficialismo: «¿La Ley de Salud Mental fracasó por sus principios? No, fracasó por lo que no hay, recursos que deben ser aplicados a esa ley. El modelo comunitario no fue acompañado por los recursos que le corresponden».
En el mismo sentido, el senador Gerardo Zamora (Frente Cívico y Social de Santiago del Estero) denunció el desbalance con las jurisdicciones del interior: «Con esta reforma se le cargan a las provincias nuevas tareas, no se prevén los recursos. ¿Vamos a discutir leyes cómo se financia la salud? Sin recursos no hay salud, no hay federalismo y no hay salud».
Asimismo, el radical Maximiliano Abad manifestó reparos frente a «la permanencia indefinida de hospitales monovalentes: los manicomios», ante lo cual la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que los centros especializados «no son manicomios» y remarcó que «esta internación involuntaria es excepcionalidad ya que el objetivo es trabajar en la prevención».
Horas antes, la Cámara alta dio media sanción con 60 votos a favor y 2 en contra —de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano— al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), orientado a otorgar ventajas impositivas como amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de IVA para firmas medianas que comprometan más de 12 millones de dólares. Aunque el proyecto contó con apoyo transversal en la votación general, legisladores de la oposición advirtieron sobre las contradicciones de la política económica oficial.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, objetó la efectividad de la norma dentro del esquema del Gobierno: «Con un régimen de incentivos no basta. Este proyecto de ley tiene buenas intenciones, pero el problema es más profundo. Con el concepto de la economía libre, donde nuestra industria debe competir en forma desleal, no existe sistema que la incentive a instalarse».
A su turno, el senador chaqueño Jorge Capitanich cuestionó el impacto de la medida en las cuentas públicas al señalar que «estamos generando múltiples regímenes de inversión con asimetrías desde el punto de vista de sus valores, con impacto fiscal y sin considerar el cupo fiscal dentro de los respectivos presupuestos».
El debate sobre los alcances económicos también formó parte de la aprobación del marco regulatorio para proyectos de reducción de emisiones y créditos de carbono, respaldado por 60 votos afirmativos contra 2 negativos. El esquema otorga una estabilidad fiscal de 30 años en tributos nacionales y habilita la libre comercialización de títulos sin autorización previa.
En torno a este punto, Capitanich subrayó la necesidad de fijar compensaciones efectivas: «Si tenemos capacidad de generar mecanismos de financiamiento es con el objetivo de convertirnos en acreedores ambientales; que todos los que aumentan los gases de efecto invernadero que destruyen el ambiente efectivamente tengan que pagar la compensación». Concluido el debate en el Senado, las tres iniciativas fueron remitidas a la Cámara de Diputados para su consideración definitiva.
Fuente: eldestapeweb.com
