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Cómo ingresarían drogas a la U15 de Río Gallegos y la sospecha sobre personal penitenciario

La Unidad Fiscal Río Gallegos informó que investiga un presunto circuito de ingreso y comercialización de drogas en la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal. Las sustancias habrían sido introducidas durante visitas, mediante posibles mecanismos de ocultamiento corporal. La investigación…

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Santa Cruz
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Río Gallegos
Cómo ingresarían drogas a la U15 de Río Gallegos y la sospecha sobre personal penitenciario

La Unidad Fiscal Río Gallegos informó que investiga un presunto circuito de ingreso y comercialización de drogas en la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal. Las sustancias habrían sido introducidas durante visitas, mediante posibles mecanismos de ocultamiento corporal. La investigación también detectó indicios sobre una eventual colaboración de personal penitenciario.

La investigación por presunta comercialización de drogas dentro de la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Río Gallegos, incorporó nuevos detalles sobre cómo habrían ingresado los estupefacientes y quiénes podrían haber participado de las maniobras. Según informó este miércoles 18 de noviembre la Fiscalía Federal, las sustancias habrían sido introducidas principalmente durante visitas de personas vinculadas con los internos, mientras se investiga una posible colaboración de personal penitenciario.

La información fue difundida por la Unidad Fiscal Río Gallegos, luego de los ocho allanamientos realizados durante la jornada, que ya habían sido informados por El Diario Nuevo Día.

Los procedimientos incluyeron la cárcel federal y otros siete inmuebles particulares de la capital santacruceña. Las medidas fueron solicitadas por el fiscal general interino Julio César Lucas Zárate y autorizadas por el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez.

Cómo habrían ingresado y vendido drogas dentro de la Unidad 15

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, las sustancias estupefacientes ingresarían al establecimiento mediante personas del entorno de los internos, principalmente durante las visitas.

Los investigadores reunieron indicios sobre posibles mecanismos de ocultamiento corporal utilizados para introducir las drogas en el establecimiento penitenciario.

Pero la investigación también apunta a una posible participación interna. La Fiscalía informó que detectó indicios sobre una eventual colaboración de personal del Servicio Penitenciario Federal en las maniobras investigadas.

Por el momento, no se precisó la identidad ni la cantidad de agentes que podrían estar involucrados, ni se informó sobre imputaciones concretas contra integrantes del organismo en esta causa.

La hipótesis fiscal sostiene que, una vez dentro de la cárcel, las sustancias eran trasladadas entre celdas y espacios comunes, donde permanecían escondidas hasta su posterior fraccionamiento y distribución.

Las intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia permitieron detectar comunicaciones en las que se mencionaban marihuana y cocaína, además de referencias vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

Según la reconstrucción de los investigadores, determinados internos habrían tenido un papel central en la organización de los pedidos, la recepción de las sustancias, su distribución y la fijación de los precios.

También habrían intervenido en el control de los pagos, mediante contactos con personas que permanecían en libertad.

Estas últimas, siempre según la hipótesis fiscal, se encargarían de conseguir o entregar la droga, coordinar visitas y traslados, además de gestionar transferencias de dinero relacionadas con la actividad investigada.

La investigación también reúne indicios sobre posibles operaciones de venta de estupefacientes fuera del establecimiento penitenciario.

Ocho allanamientos y siete internos bajo investigación

Como informó Nuevo Día durante la jornada, los operativos se desplegaron en distintos puntos de Río Gallegos y en el interior de la Unidad 15.

En la cárcel, las órdenes judiciales alcanzaron los pabellones 1, 2 y 3, las celdas y diferentes sectores de uso común, entre ellos cocinas, patios, talleres, baños, aulas y espacios de circulación.

Además, la Justicia autorizó las requisas personales de siete internos individualizados durante la investigación.

Los otros siete procedimientos se desarrollaron en inmuebles particulares vinculados con personas que, según la Fiscalía, podrían haber participado en diferentes etapas del presunto circuito de comercialización.

También se ordenó revisar tres vehículos identificados previamente, además de otros rodados que pudieran encontrarse en los lugares allanados.

Los investigadores buscan secuestrar drogas, balanzas, envoltorios, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos y documentación.

Especial interés tienen los comprobantes de transferencias y los registros de movimientos de dinero, que podrían aportar información sobre pedidos, entregas, pagos y deudas relacionados con la comercialización investigada.

Los operativos estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina, con la colaboración del Departamento de Investigaciones Judiciales y la Dirección de Asuntos Internos del propio Servicio Penitenciario Federal.

La Fiscalía destacó que el SPF aportó información relevante para profundizar la investigación y reconstruir algunas de las presuntas maniobras.

Una investigación iniciada en 2025 y el antecedente de una agente condenada

La pesquisa comenzó a partir de otra investigación por presunto tráfico de drogas, en la que se habían detectado comunicaciones entre personas que estaban en libertad e internos de distintos establecimientos penitenciarios.

El 4 de septiembre de 2025, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) recibió las actuaciones que dieron origen al nuevo expediente. Días después, la Unidad Fiscal Río Gallegos comenzó a investigar específicamente las posibles maniobras dentro de la Unidad 15.

Durante más de un año se realizaron intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia, seguimientos, análisis de los registros de visitas a la cárcel e informes sobre movimientos financieros.

El comunicado también recordó un antecedente judicial relacionado con el ingreso de elementos prohibidos al mismo establecimiento.

En septiembre de 2026, una agente del Servicio Penitenciario Federal fue condenada por el delito de cohecho pasivo, luego de comprobarse que había ingresado cuatro teléfonos celulares a la cárcel.

Dos de los aparatos fueron introducidos ocultos en un paquete de yerba mate destinado a un interno, mientras que los otros dos fueron encontrados en un cesto de residuos de los sanitarios.

La funcionaria recibió una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional y una inhabilitación especial perpetua.

Se trata de una investigación judicial diferente, mencionada por la Fiscalía como antecedente sobre el ingreso de objetos prohibidos a la Unidad 15, y no como prueba de participación de esa agente en la actual causa por drogas.

Fuente: eldiarionuevodia.com.ar

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