En la audiencia federal de Río Gallegos, la Fiscalía presentó su hipótesis sobre el manejo de bienes alcanzados por medidas judiciales y un posible vínculo con la causa por narcotráfico. Se conocieron detalles de los documentos secuestrados en la celda de Báez, aunque no se informó qué resolvió el juez sobre la situación de cada detenido.
La audiencia de formalización de la imputación y control de detención se realizó este jueves 12 de noviembre ante el juez federal de garantías Claudio Vázquez. Según la información publicada después, Báez y otros detenidos participaron por videoconferencia. La exposición permitió conocer detalles de la acusación y de la documentación reunida en dos investigaciones relacionadas.
Una de las causas busca establecer si una organización trasladaba cocaína en camiones de una empresa transportista, al menos desde diciembre de 2025, y si utilizaba un lavadero para realizar entregas. La otra investiga si desde el entorno de Báez se administraban y ponían en circulación bienes y rentas alcanzados por decomisos, embargos u otras medidas judiciales. La posible conexión entre ambas estructuras es parte de la hipótesis fiscal y todavía debe probarse.
El principal dato económico expuesto es un flujo de alrededor de $390,88 millones en ocho meses. Además, la acusación atribuye a Claudia Noemí Insaurralde seis remesas por un total de $5,1 millones. Son movimientos bajo investigación, no una suma cuya ilicitud haya sido determinada por una sentencia.
Los documentos hallados en la celda
En el allanamiento de la celda de Báez, en el penal de Ezeiza, se habrían secuestrado 25 documentos. Entre ellos había cuadernos con anotaciones sobre alquileres, campos, galpones, departamentos y cobros. También se informó sobre un cuaderno atribuido a Insaurralde, con referencias a personas que habría visto y dinero que debía reclamar. Los investigadores analizan esos registros como parte de la hipótesis sobre la administración de los bienes.
La Fiscalía ubica a Báez como quien habría impartido instrucciones desde la cárcel y señala a Insaurralde y a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como «Budín», como integrantes de una conducción operativa. Un análisis de cuentas de Ibáñez y de otro imputado registró 677 operaciones por $380.620.089, entre el 1° de diciembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026. Ese relevamiento y el cálculo general de $390,88 millones corresponden a distintos recortes de la investigación y no deben sumarse.
Qué bienes están bajo análisis
Entre los activos relevados aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike; las sociedades Kank y Costilla y Austral Agro; departamentos de la calle Zapiola; alquileres a tres empresas y un inmueble sobre la costanera de El Calafate. También se investigan dos galpones cuya disposición se habría pactado en $250 millones y un Ford Mondeo perteneciente a Báez, que fue secuestrado.
La hipótesis es que la estructura habría mantenido productivos bienes alcanzados por decomisos, embargos o depósitos judiciales y habría administrado sus rentas. La calificación legal provisoria informada incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
El nexo con la causa narco y el antecedente
Entre los elementos que habrían conectado las investigaciones figuran un Ford Mondeo de Báez utilizado por una persona vinculada a la pesquisa por drogas, una referencia al «tío Lázaro» y un camión Scania secuestrado en septiembre en el control de Güer Aike, con documentación presuntamente apócrifa. La investigación patrimonial habría tomado impulso a partir de comunicaciones telefónicas detectadas durante la causa por narcotráfico.
La pesquisa también tiene un antecedente patrimonial: en junio de 2025 se informó que fiscales pidieron investigar una presunta gestión para otorgar a Insaurralde poderes sobre activos de Báez. Según las publicaciones de entonces, ella se presentó en el penal de Río Gallegos con documentación, pero el personal penitenciario no permitió su ingreso. Ese episodio corresponde a actuaciones anteriores y no demuestra los hechos que ahora se investigan.
Báez cumple una pena unificada de 15 años de prisión y tiene bienes alcanzados por decomisos dispuestos en causas anteriores. En el nuevo expediente se menciona a 12 personas imputadas, pero esa cifra no significa que haya doce detenidos. Insaurralde y Ibáñez fueron arrestados al llegar a Buenos Aires en un vuelo procedente de Río Gallegos, junto con Valentina Micaela Devetac; durante el procedimiento se secuestraron cuatro valijas. Una cobertura local informó que Devetac recuperó la libertad poco después, aunque no difundió las condiciones. En Santa Cruz, el ministro de Seguridad había confirmado cuatro detenidos, sin publicar una nómina oficial.
La resolución del juez sobre cada detenido todavía no se conoce en detalle. La cobertura posterior a la audiencia informó sobre la exposición fiscal, los movimientos de dinero y los documentos, pero no precisó si Vázquez dictó prisión preventiva, dispuso libertades o fijó otras medidas individuales. La orden inicial de detención e incomunicación, fundada -según un resumen judicial citado por la prensa- en riesgos de fuga y de entorpecimiento, fue anterior a esta audiencia. Diario Nuevo Día
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Fuente: eldiarionuevodia.com.ar
