En medio de la despedida del papa León XIV, el fiscal Eduardo Taiano expresó que no pretende reabrir la causa $Libra y cuestionó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para hacerse cargo de la investigación del caso.
«Como Fiscal interviniente durante toda la sustanciación del proceso, es que sostengo el criterio propugnado al momento de solicitar el sobreseimiento de los nombrados en estas actuaciones», indicó en un escrito, según Noticias Argentinas.
El mes pasado, Taiano pidió dar por terminada la investigación y pidió sobreseer al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a los otros nueve imputados. Luego, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó su solicitud y cerró el caso. Los querellantes cuestionaron a ambos y cruzaron al fiscal por haber «perdido su objetividad y el juez su imparcialidad».
Recientemente, el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, aseguró que esa decisión fue «prematura» y pidió al juez que reabra el caso que involucra al Presidente y su entorno.
Taiano cuestionó la presentación y calificó de «sorpresiva» la impugnación contra los fundamentos del sobreseimiento. Según sostuvo, la fiscalía especializada en corrupción sólo tuvo acceso al expediente entre el 10 de marzo y el 10 de septiembre de 2025, por lo que no debía conocer los pormenores de la investigación.
A su vez, consideró «desacertada» la conclusión de Rodríguez, al señalar que «no pudo compulsar los elementos probatorios cargados a estas actuaciones desde el 2025». En esa línea, cuestionó que sus fundamentos «están basados en, citando sus palabras, afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente».
Por último, el fiscal sostuvo que la postura de la PIA representa una discrepancia respecto de la valoración de las pruebas reunidas y cuestionó que busque extender la etapa de instrucción pese a lo que, según afirmó, constituye «un cuadro manifiesto de atipicidad».
En ese sentido, remarcó que no existen elementos para atribuir a los funcionarios públicos las conductas denunciadas ni para establecer que haya existido algún perjuicio contra las arcas del Estado.
«La postura sustentada por la PIA constituye una mera discrepancia sobre la valoración del material fáctico recabado, pretendiendo perpetuar una instancia de instrucción ante un cuadro manifiesto de atipicidad que no permite imputarle a ninguno de los funcionarios públicos las conductas denunciadas, como así tampoco determinar la existencia de algún perjuicio a las arcas del Estado», enfatizó.
Fuente: eldestapeweb.com
