Un reclamo histórico que data de hace tres décadas volvió a cobrar fuerza y amenaza con abrir un frente judicial millonario contra la empresa distribuidora de energía de Salta. Más de 600 extrabajadores de la antigua Dirección Provincial de Energía -privatizada a mediados de la década del 90- reclaman el cobro de dividendos y utilidades acumuladas que la compañía jamás liquidó.
En una entrevista exclusiva brindada al ciclo de streaming de Que Pasa Salta, Rogelio, exencargado del área administrativa de la empresa estatal, expuso los pormenores de una batalla legal que atraviesa generaciones y que hoy involucra a extrabajadores jubilados y a herederos de empleados ya fallecidos.
El origen de la deuda: las acciones clase C de la privatización de 1996
El conflicto se remonta a 1996, cuando el Gobierno provincial avanzó con la privatización del servicio eléctrico e implementó el Programa de Propiedad Participada. En ese marco, los cerca de 640 empleados que quedaron desvinculados o absorbidos pasaron a ser titulares del 10% del paquete accionario a través de las denominadas acciones clase C.
«Nosotros éramos accionistas reconocidos por decreto del Estado provincial. Con el paso de los años, a muchos compañeros les pagaron migajas por los títulos, pero lo que nunca nos liquidaron en estos 30 años fueron los dividendos y las ganancias operativas reales que generó Edesa», remarcó Rogelio durante la transmisión.
Según las estimaciones elaboradas por la comisión de exempleados, el monto adeudado a la fecha asciende a cifras millonarias:
- Deuda individual estimada: Arriba de $20.000.000 de pesos para cada uno de los extrabajadores o sus derechohabientes.
- Universo de afectados: 640 titulares originales en toda la provincia, con un núcleo activo de más de 150 familias nucleadas en la agrupación que encabeza las presentaciones judiciales.
Pedido de embargo por $16.000 millones y queja contra la Justicia
Cansados de dilaciones administrativas, los extrabajadores recurrieron a los tribunales salteños a través del fuero Contencioso Administrativo, donde promovieron una medida cautelar contundente: solicitaron un embargo preventivo por $16.000 millones de pesos contra las cuentas de la empresa para asegurar el cumplimiento de las acreencias.
Sin embargo, el entrevistado denunció serias irregularidades y demoras inexplicables en el trámite del expediente:
«El juez tenía entre 3 y 5 días para cursar la notificación formal a Edesa y trabar el embargo, pero ya va a cumplirse un año y la notificación nunca se concretó. Para colmo, el mismo día en que nuestros abogados mantuvieron una reunión privada con el magistrado, presentaron la renuncia intempestiva a representarnos. Es muy llamativo todo lo que pasa cuando hay tanto dinero en juego», disparó el referente en el stream de QPS.
Frente a la falta de avances en los despachos judiciales, los exempleados apelaron a la intervención política del Ejecutivo provincial para que, en su carácter de accionista y poder concedente del servicio, obligue a la distribuidora a sentarse en una mesa de negociación y saldar una deuda histórica que lleva 30 años sin resolverse.
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Fuente: quepasasalta.com.ar
