La Auditoría General de la Nación (AGN) incluyó en su Programa de Acción para 2027 la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las concesiones más sensibles para el gobierno de Javier Milei, luego de un proceso de adjudicación marcado por irregularidades, polémicas y evidencias de que detrás del consorcio ganador existían socios ocultos como el Grupo Neuss. Según la información exclusiva de Ámbito, el plan de acción fue aprobado por el Colegio de Auditores, aunque falta el paso final que debe dar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. El contrato de concesión con la empresa belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus, ahora bajo la lupa, se firmó en julio pasado tras una adjudicación exprés.
El Ministerio Público Fiscal, en una presentación rubricada por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, constató «una grave vulneración al principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas». Ante ello, consideró que la «ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo, habilitando la posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados de forma subjetiva o arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual lesiona directamente la libre competencia». Estados Unidos también puso reparos sobre la licitación por las presuntas conexiones ocultos del Gobierno con China, pese a que el pliego específicamente excluía a compañías del gigante asiático ya que no permitían firmas con algún componente de pertenencia a un Estado.
La Hidrovía de la corrupción: todas las irregularidades de una privatización que terminó en escándalo La concesión de la Vía Navegable Troncal a las firmas Jan De Nul y Servimagnus, que tendrán el manejo de la Hidrovía Paraná-Paraguay por los próximos 25 años es uno de los mayores escándalos bajo el gobierno de Javier Milei. Se trató de una licitación cargada de irregularidades durante todo el proceso de adjudicación a las empresas ganadoras, con fuertes vínculos con el Grupo Neuss, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. El proceso licitatorio descartó en sus etapas previas a las demás corporaciones internacionales que manifestaron interés en la Hidrovía.
La compañía brasileña DTA Engenharia quedó fuera de competencia en la primera fase debido a que su propuesta resultó «inadmisible» por falta de garantías, mientras que la empresa Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) quedó relegada al segundo puesto con 162,14 puntos totales frente a los 186,2 obtenidos por el consorcio ganador. La paridad económica entre los finalistas obligó a las autoridades a definir la adjudicación mediante la evaluación de los antecedentes operativos y de infraestructura. Ambas firmas ofrecieron exactamente las tarifas mínimas del pliego, fijadas en u$s3,80 por Tonelada de Registro Neto (TRN) para la Etapa 0, u$s4,65 para la Etapa 1 y u$s5,78 para la Etapa 2, lo que otorgó a las dos el puntaje máximo de 120 unidades.
A mediados de mayo, el Gobierno desoyó la denuncia penal presentada ante la Justicia de Comodoro Py para que se investigara la licitación pública por la Hidrovía, que se había sumado a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La Fundación por la Paz y el Cambio Climático exigía que se investigara una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación, que incluía en la acusación a la empresa Jan De Nul, quien finalmente se quedó con el negocio. Noticia en desarrollo.-
Fuente: c5n.com
