La fiscal Mónica Cuñarro pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que entregue documentos oficiales y citó a declarar a supuestas víctimas en la denuncia colectiva por irregularidades contra el escritor y cabeza de Orsai, Hernán Casciari.
Con fechas desde el 26 de octubre hasta el 17 de noviembre, la Fiscalía N°16 citó a declarar a 24 presuntas víctimas que son parte de la acusación por presuntas irregularidades en la administración del dinero destinado a diferentes proyectos de Orsai Audiovisuales.
El planteo judicial apunta al sistema de financiamiento que Casciari puso en marcha en 2020. A través de ese esquema, particulares compraban bonos para financiar directamente distintas películas y se incorporaban a la comunidad de los denominados «Socios Productores».
Los socios aseguraron haber invertido miles de dólares en algunos casos en proyectos anunciados y motorizados por Casciari, con retribuciones muy por debajo de lo esperado.
La fiscal Cuñarro tendrá que determinar qué figura corresponde a los hechos denunciados: si constituyen una estafa, como sostiene la querella, un caso de administración fraudulenta, un incumplimiento de contrato o simplemente un negocio que no tuvo el resultado esperado.
El abogado Ariel Gil Ces, representante legal por la demanda, sostiene que la investigación debería determinar si existieron delitos vinculados con el manejo de los fondos.
«El delito de estafa se tipifica cuando no se da información y se engaña a la gente para que confíe en vos. La gente puso plata porque confiaba en la reputación de Casciari. Estafa es el delito más básico, puede haber delitos de evasión fiscal, malversación de fondos privados y hasta una asociación ilícita», afirmó en diálogo con El Destape
Orsai Audiovisuales puso en marcha sus proyectos en 2020, con La Uruguaya, adaptación cinematográfica de la novela de Pedro Mairal. A medida que avanzaron las producciones, un sector de los socios empezó a objetar decisiones y procedimientos de la empresa, además de exigir precisiones acerca del uso de los fondos aportados.
Los cuestionamientos incluyeron solicitudes de presupuestos detallados, informes económicos completos y aclaraciones sobre los cambios en las partidas presupuestarias. También reclamaron documentación sobre los criterios adoptados para distribuir y comercializar las películas.
Uno de los conflictos principales está relacionado con La Muerte de un Comediante, filme dirigido y protagonizado por Diego Peretti. La producción contó con un presupuesto superior a USD 1,8 millones y se rodó en Bruselas. Tiempo después, se informó que el proyecto había arrojado pérdidas. Sin embargo, los denunciantes cuestionan que no se haya entregado una rendición integral de los gastos, con sus respectivas facturas, comprobantes y documentos respaldatorios.
Las objeciones también alcanzan a Canelones. El proyecto había comenzado formalmente en 2021 como una miniserie de seis episodios, pero luego fue reconvertido en una película con Verónica Llinás y Darío Barassi como protagonistas.
En ese contexto, el socio productor Luis Salvatto afirmó que destinó USD 500 a Canelones y otros USD 2.000 a La Muerte de un Comediante. De acuerdo con la información que aportó, hasta ahora recuperó USD 56,40, una suma equivalente a aproximadamente el 2,25% de los USD 2.500 invertidos.
Otro de los denunciantes es Facundo Pedrotti, quien aseguró haber aportado USD 850 entre Canelones y La Muerte de un Comediante. Según relató, decidió sumarse al proyecto después de escuchar a Casciari explicar por radio el modelo de negocios de Orsai y depositó su confianza en la trayectoria pública del escritor. «Hubiera pensado que me iba a cagar», afirmó. Pedrotti sostiene que, hasta el momento, solo recibió USD 9,87 de lo que había invertido.
Fuente: eldestapeweb.com
