La contaminación de un pozo petrolero ubicado en Puesto Guardián, en el norte de Salta, motivó una resolución judicial urgente. La medida busca frenar las emanaciones de gases y evitar que las sustancias acumuladas en la superficie lleguen a terrenos vecinos.
El juez Ramiro Morizzio hizo lugar al pedido de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, integrante de la Unidad Fiscal creada por la Procuración General de Salta. La resolución fue notificada el 23 de octubre de 2026, según informó el Ministerio Público Fiscal.
Qué ocurre en el pozo petrolero
Las pericias y constataciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) advirtieron sobre la persistencia de emanaciones y la presencia de una sustancia depositada en las inmediaciones del pozo Loma de Olmedo X-10.
Los informes incorporados a la causa señalan que la afectación ambiental continúa y que podría agravarse con las lluvias. El riesgo es que el agua arrastre esas sustancias hacia propiedades cercanas destinadas a la agricultura y la ganadería.
El comunicado no precisa la composición de la sustancia ni la extensión total de la superficie afectada.
Diez días para presentar un plan de cierre
La Justicia intimó a las empresas vinculadas con la perforación y las sucesivas etapas de explotación a presentar un Plan Técnico de Cierre y Abandono, elaborado por profesionales competentes.
YPF S.A. y President Petroleum S.A. ya fueron notificadas. Otras cuatro firmas permanecen pendientes de notificación: E.P.P. Petróleo S.A., Tripetrol Petroleum S.A., Netherfield Corporation Sucursal Argentina y Petrolera San José S.R.L.
El plazo de diez días hábiles corresponde a la presentación del plan, no a completar el cierre del pozo. La propuesta deberá incluir la metodología de intervención, medidas de seguridad, un cronograma y controles posteriores.
También deberán impedir que avance la contaminación
La resolución exige, además, un Plan de Contingencia y Contención dentro del mismo plazo. Deberán elaborarlo las empresas mencionadas, de manera solidaria, junto con las secretarías provinciales de Ambiente y de Minería y Energía, mediante sus equipos técnicos.
Entre las acciones que deberán contemplar figuran delimitar y aislar el sector afectado, instalar barreras de contención e identificar por dónde podría escurrir el agua.
También se requiere monitorear los campos cercanos y establecer procedimientos para recuperar, extraer y disponer de forma segura las sustancias que eventualmente se desplacen.
Cada medida deberá tener responsables identificados, plazos y mecanismos de seguimiento, para que pueda controlarse su ejecución.
La medida no define todavía las responsabilidades
La Justicia consideró que las empresas que integraron la cadena de concesión podrían compartir obligaciones por los costos del cierre y la recomposición del suelo. Sin embargo, la resolución es preventiva y provisoria: no determina de manera definitiva la responsabilidad de cada firma.
El objetivo inmediato es neutralizar el riesgo mientras continúa el proceso. La decisión también advierte que incumplir las intimaciones podría generar consecuencias por desobediencia judicial.
Fuente: quepasasalta.com.ar
