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Crece el conflicto en el Centro Chileno de Río Gallegos: dos sectores se disputan la conducción y hay nuevas acciones legales

La histórica institución atraviesa una disputa por sus autoridades que volvió a generar tensión esta semana. Una comisión normalizadora busca hacerse cargo de la administración, mientras la conducción encabezada por Pedro Díaz cuestiona el procedimiento. El conflicto también llegó al Concejo…

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Río Gallegos
Crece el conflicto en el Centro Chileno de Río Gallegos: dos sectores se disputan la conducción y hay nuevas acciones legales

La histórica institución atraviesa una disputa por sus autoridades que volvió a generar tensión esta semana. Una comisión normalizadora busca hacerse cargo de la administración, mientras la conducción encabezada por Pedro Díaz cuestiona el procedimiento. El conflicto también llegó al Concejo Deliberante.

El Centro Chileno de Río Gallegos atraviesa un nuevo capítulo de un prolongado conflicto institucional que enfrenta a distintos sectores de la asociación por la legitimidad de sus autoridades y la administración de sus instalaciones.

La situación volvió a tomar estado público esta semana, luego de un episodio de tensión registrado el lunes 19 de octubre en la sede de la institución, ubicada sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, donde una comisión normalizadora intentó ingresar para comenzar sus funciones.

El procedimiento se desarrolló con presencia policial y de una escribana, pero no pudo concretarse debido a la oposición de integrantes de la conducción que actualmente permanece en el edificio.

En medio de las diferencias, durante la tarde del jueves 22 de octubre se convocó a una conferencia de prensa vinculada con la situación institucional, mientras continuaban las repercusiones públicas y judiciales del conflicto.

¿Qué pasó en el Centro Chileno de Río Gallegos?

El origen de la controversia se remonta a las diferencias surgidas después de una asamblea realizada el 22 de diciembre de 2022, en la que fue elegida una comisión directiva encabezada por Pedro Díaz.

Posteriormente, un grupo de personas cuestionó la validez de aquella elección y la conformación del padrón de socios utilizado.

Los planteos dieron lugar a actuaciones administrativas y judiciales que continúan siendo motivo de controversia entre las partes.

En octubre de 2026, la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz dispuso la conformación de una comisión normalizadora para regularizar el funcionamiento institucional de la asociación.

Sin embargo, la conducción encabezada por Díaz sostiene que existe una medida judicial de no innovar que impediría modificar la administración de la entidad mientras no se resuelva el conflicto de fondo.

Esta diferencia de interpretaciones constituye uno de los principales puntos de enfrentamiento.

Qué sostiene Personas Jurídicas y quiénes integran la comisión normalizadora

La secretaria general de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz, Olga Álvarez, explicó públicamente que el objetivo del procedimiento es regularizar la situación administrativa del Centro Chileno y permitir que sus socios puedan elegir nuevas autoridades.

Según indicó la funcionaria, el mandato de la conducción encabezada por Pedro Díaz venció el 22 de diciembre de 2024.

Desde el organismo provincial consideran necesario avanzar con la actualización del padrón de socios, la regularización de documentación y balances pendientes y la convocatoria a elecciones.

Para desarrollar estas tareas fue designada una comisión normalizadora, integrada por Blanca Pacheco y otros dos representantes, con un plazo inicial de 90 días que puede extenderse.

Pacheco, una de las personas designadas para llevar adelante el proceso, confirmó que el grupo intentó ingresar al edificio acompañado por una escribana y con presencia policial.

En declaraciones a FM Ciudad, explicó que el propósito es ordenar el funcionamiento administrativo y convocar a elecciones para que los asociados puedan definir quiénes conducirán la entidad.

También manifestó su preocupación por los socios que, según su postura, quedaron excluidos de la participación institucional a partir de las modificaciones del padrón.

Desde este sector sostienen que la normalización permitirá recuperar el funcionamiento democrático de la asociación.

La posición de Pedro Díaz y el planteo judicial

Por su parte, Pedro Díaz, quien continúa ejerciendo la conducción de la institución junto al vicepresidente Raúl Burgos, rechaza el procedimiento impulsado por Personas Jurídicas.

Su principal argumento es que el conflicto relacionado con las elecciones de 2022 permanece judicializado y que existe una medida cautelar que impediría modificar la situación de las autoridades hasta que se produzca una resolución judicial.

La abogada Andrea Camporro, representante legal de la conducción, también cuestionó la forma en que se intentó avanzar con el procedimiento y sostuvo que no existió una notificación judicial formal que habilitara la modificación de autoridades.

Desde este sector insisten en que no se trata de desconocer las facultades de los organismos públicos, sino de respetar las actuaciones judiciales que se encuentran en trámite.

Este viernes 23 de octubre, Pedro Díaz volvió a pronunciarse públicamente sobre la controversia.

En declaraciones difundidas por El Mediador, cuestionó la actuación de Personas Jurídicas y planteó una contradicción entre las objeciones realizadas a la elección de 2022 y el argumento actual relacionado con el vencimiento del mandato.

«En 2024 decían que estábamos mal electos y ahora dicen que el mandato nuestro está vencido», manifestó.

Además, adelantó que evalúan presentar denuncias penales contra Olga Álvarez, en una nueva derivación del enfrentamiento institucional.

Estas afirmaciones forman parte de la posición de Díaz y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la legalidad del procedimiento administrativo.

El Concejo Deliberante intervino en la discusión

El conflicto también tuvo repercusiones en el ámbito político de Río Gallegos.

Durante la sesión ordinaria celebrada el jueves 22 de octubre, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución de repudio a lo que definió como una injerencia e intervención indebida con fines políticos en la integración de la comisión directiva de la Asociación Centro Chileno.

El pronunciamiento fue informado oficialmente por el cuerpo legislativo municipal.

Sin embargo, la resolución constituye una posición institucional del Concejo y no reemplaza las decisiones administrativas o judiciales que corresponden a los organismos competentes.

Preocupación por las actividades y los feriantes

Más allá de la disputa por las autoridades, el conflicto también genera incertidumbre entre las personas que utilizan habitualmente las instalaciones del Centro Chileno.

La asociación es un espacio de referencia para la comunidad chilena de Río Gallegos y alberga actividades culturales, deportivas, sociales y ferias comerciales.

Durante el episodio del lunes, la presencia de integrantes de ambos sectores y de personas vinculadas con las actividades del establecimiento derivó en momentos de tensión.

Finalmente, se estableció un plazo de 72 horas para intentar encontrar una salida mediante el diálogo y evitar nuevos enfrentamientos.

Desde Personas Jurídicas manifestaron su intención de garantizar la continuidad de las actividades habituales mientras se desarrolla la normalización.

Por su parte, la conducción que permanece en el edificio sostiene que sus decisiones buscan preservar el funcionamiento de la asociación hasta que se resuelva la controversia judicial.

Qué puede pasar ahora con el Centro Chileno

El futuro inmediato de la institución dependerá de las actuaciones administrativas y judiciales que se produzcan en los próximos días.

Por un lado, la comisión normalizadora pretende comenzar las tareas de regularización y preparar una nueva convocatoria electoral.

Por otro, la conducción de Pedro Díaz mantiene sus cuestionamientos al procedimiento y anticipó nuevas presentaciones legales.

Uno de los aspectos centrales será determinar el alcance de la medida cautelar invocada por las autoridades actuales y su relación con las facultades administrativas de Personas Jurídicas.

Mientras tanto, la Asociación Centro Chileno continúa atravesando un conflicto que lleva varios años sin una solución definitiva, con posiciones enfrentadas sobre la legitimidad de las autoridades y el procedimiento que debe aplicarse para renovar la conducción.

La expectativa está puesta en que las diferencias puedan resolverse por las vías institucionales y judiciales correspondientes, preservando las actividades de una entidad con una larga trayectoria en la comunidad de Río Gallegos.

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Fuente: eldiarionuevodia.com.ar

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