La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto del oficialismo para establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad, con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Una mayoría que superó los dos tercios y puso en evidencia el consenso alcanzado tras las negociaciones durante la jornada. Para ampliar los respaldos a la iniciativa, La Libertad Avanza aceptó una serie de modificaciones propuestas por sectores de la oposición que buscaban mejorar el texto y dar respuesta a los reclamos del colectivo de discapacidad.
El acuerdo incorporó cambios sobre los requisitos para acceder a las pensiones, el financiamiento del sistema, la cobertura de salud y los plazos para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores. La negociación estuvo encabezada principalmente por el misionero Oscar Herrera Ahuad, por la oposición, con apoyo de Victoria Tolosa Paz del peronismo, y Laura Rodríguez Machado, por el oficialismo. Tras leer las modificaciones aceptadas por el Gobierno, Herrera Ahuad agradeció “a quienes confiaron en mi persona para lograr un consenso para todas las personas con discapacidad”.
Y agregó: “Hoy es el momento de que todos volvamos a mostrarle a la sociedad que desde la política está la herramienta necesaria para brindarles esas respuestas”. En la misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reivindicó el trabajo parlamentario que permitió acercar posiciones. “Sepamos reconocernos las acciones colectivas.
Si no hay un reconocimiento mutuo de las cosas, de la posibilidad de llegar a acuerdos, es inútil llegar a acuerdos”, planteó. El diputado también defendió la ley de emergencia sancionada el año pasado: “El 75% del contenido de la ley de emergencia está contenido en esta ley, así que dejen de bardear la ley porque fue un insumo necesario para estar debatiendo hoy esta ley”. Desde el oficialismo, Laura Rodríguez Machado también destacó el entendimiento entre los bloques.
“Siento orgullo de que en esta sesión no seamos noticia por los vasos que nos tiramos o los enchufes que desenchufamos, por los insultos que nos damos, sino por las coincidencias que encontramos en un tema que nos tiene que unir a todos los argentinos”, afirmó. La discusión se destrabó después de casi dos meses de debate en el Congreso, con la oposición a la cabeza de los reclamos para sostener la emergencia en discapacidad sancionada en 2025. Ante las dificultades de los bloques opositores para conseguir una prórroga, La Libertad Avanza impulsó su propia iniciativa para establecer un régimen permanente.
En un escenario similar al de la Ley de Tierras, el oficialismo cedió ante la presión opositora y los reclamos de las organizaciones, aunque buscó encauzar la discusión con un proyecto propio que retomó buena parte del texto del año pasado, pero dejó afuera la emergencia. El dictamen original del oficialismo ya contemplaba la actualización mensual de los aranceles del nomenclador según la inflación. También mantenía la continuidad de las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el empleo para quienes perciban ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Sin embargo, la oposición reclamó cambios para que el nuevo régimen permanente no quedara sujeto únicamente a las decisiones del Poder Ejecutivo. Uno de los puntos centrales de la negociación fue el acceso a las pensiones. El texto original dejaba en manos de la reglamentación del Gobierno la definición de los requisitos, mientras que la nueva versión los incorpora a la propia ley.
También se precisaron las partidas destinadas a financiar el sistema y el mecanismo para cubrir eventuales faltantes presupuestarios. En materia de salud, el nuevo texto reconoce el derecho de los titulares de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad a un programa médico de atención y cobertura que garantice las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. Además, fija plazos para saldar las compensaciones pendientes a los prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total de los pagos dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo.
La contradicción del Gobierno que alimentó las sospechas La búsqueda de una salida permanente para el sistema de prestaciones por discapacidad convivió con una contradicción que alimentó las suspicacias opositoras. Mientras el oficialismo negociaba cambios para sostener las prestaciones y ordenar su financiamiento, el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 un capítulo que deja sin efecto medidas vinculadas con la emergencia en discapacidad. “Este dictamen es absolutamente contrario a lo que nos mandaron en el Presupuesto Milei, Caputo y Santilli”, afirmó Juan Marino, de Unión por la Patria.
Durante la discusión presupuestaria, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sostuvo que el Ejecutivo tenía una posición diferente de la de los bloques que impulsaban cambios en el Congreso. “En los números está el financiamiento para la ley vigente. Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa.
El bloque (LLA) y otros bloques del Congreso tienen una posición distinta a la del Ejecutivo”, afirmó. Guberman dejó así la definición en manos del Parlamento: “Será una cuestión de que el Congreso decida qué quiere hacer. El Congreso tiene capacidad de acción y decisión propia”.
Sin embargo, el capítulo 6 continuó en el texto enviado por el Gobierno, una señal que mantuvo las sospechas de la oposición sobre el alcance real del compromiso oficialista con las prestaciones por discapacidad. Para intentar saldar la discusión, varios legisladores exigieron un compromiso explícito para eliminar ese capítulo del proyecto de ley de leyes. Martínez volvió sobre ese punto y advirtió que el consenso parlamentario no alcanza si no existe una garantía presupuestaria que lo respalde.
“Hay que reconstruir la confianza”, sostuvo. El diputado señaló que los colectivos de personas con discapacidad no tienen certezas de que lo aprobado por el Congreso se traduzca efectivamente en recursos y prestaciones. Según planteó, la oposición llevó por escrito una propuesta para despejar esas dudas, pero el oficialismo no la aceptó.
El reclamo final apuntó directamente al Gobierno: “Deben decirle a todos, para que se queden tranquilos, que todo lo que aprobemos hoy va a formar parte del presupuesto”. El planteo de Martínez tuvo una respuesta desde el oficialismo. Rodríguez Machado sostuvo que el Congreso no debe esperar instrucciones del Ejecutivo para garantizar que el acuerdo tenga respaldo presupuestario.
“Nosotros somos los responsables de que lo que hoy mayoritariamente espero que aprobemos tenga su correlato en el presupuesto. No esperemos que nadie nos lo indique, somos lo suficientemente soberanos como Poder Legislativo para hacerlo y tenemos que mostrar que estamos a la altura de las circunstancias”, afirmó.
Fuente: c5n.com
