La propuesta de Sociedades, con cambios obligados. Aliados frenan el Súper RIGI y aún no se halla salida. Libertarios deslizan un acuerdo por salud mental. Por qué no entró en la reciente sesión el proyecto sobre huella de carbono. Las resolución de las PASO, en espera.
Después de tres sesiones en menos de un mes y tras aliviar el peso de una mochila antes cargada de proyectos sin resolución, el Senado comenzó una semana que no tendrá casi nada -o nada- de actividad y La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich, aprovechará la calma pasajera para hacer cuentas e intentar destrabar el último lote de leyes que reclama el Ejecutivo de cara al bimestre restante del período ordinario, que finaliza el 30 de noviembre.
Una de las iniciativas que quedó en stand by es la ley de Sociedades que fomenta el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En agosto fue la propia Bullrich quien anunció, durante un plenario de comisiones, modificaciones para que quedara explícita la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.
Cuando disertó en el Senado, Sturzenegger se refirió a ello y a la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. En ese sentido, señaló que “tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que están sujetas a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas”, no habría “ningún problema”.
En tanto, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez, aseguró: “Se incorporan personas humanas como representantes de estas DAO, en el artículo 260. Hoy las DAO existen, están operando sin ningún tipo de regulación concreta. Podemos mirar para otro lado y no regularlas, pero, justamente, lo que estamos haciendo es regularlas”. La porteña fue clara y habrá modificaciones que propuso ella y otras que acercaron aliados.
Por otra parte, desde comienzos del corriente mes que se dejó de hablar de los textos sobre Súper RIGI -inversiones a partir de USD 1.000 millones- y otro de radicales, para proyectos desde USD 12 millones. Un par de legisladores exige ampliar el término “precio/calidad”, para no favorecer siempre la importación de insumos, algo que activó las alarmas en varios despachos a la hora de ver el desarrollo del sistema RIGI.
Para evitar el efecto contrario, piden que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones. El Gobierno no descarta quedarse sólo con el RIGI vigente, aunque hará un intento para saldar el asunto. “Por ahora no aparece una diagonal que facilite su llegada al recinto”, reconoció un experimentado senador a Infobae.
Otra ley que desde que arrancó su discusión pareció tener un trámite complejo y que ahora se acerca a una eventual definición es la relacionada con la salud mental. Si bien no hay algo concreto para dictaminar, desde el oficialismo y otra bancada con varios votos deslizaron a este medio que las conversaciones están aceleradas.
Hay un debate interesante que el Ejecutivo no aceptará: que los psicólogos tengan el poder de decisión de internar o medicar. “Sí estarán en los equipos, pero necesitamos que sí o sí haya un médico psiquiatra para que el protocolo sea sólido”. Llamó la atención la insistencia de representantes de algunas provincias en este punto. La Casa Rosada ya dijo “no” y sostendrá su postura.
Una iniciativa con despacho ya firmado y que no pudo tratarse en la sesión del jueves pasado fue la relacionada con el mercado de huella de carbono, un reclamo de distritos ya que no sólo se apunta a una cuestión ambiental, sino que implica ingreso de dinero.
A horas del encuentro, una picardía de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut significó una piedra en el camino. Según confiaron a Infobae quienes siguen de cerca la negociación, los responsables de haber dinamitado Ficha Limpia -con un repentino cambio de postura- buscan puentear un consentimiento para proyectos que la normativa internacional demanda.
